Por lo regular se dice que hace falta voluntad en la lucha contra la corrupción. Eso quiere decir que no estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias para que las cosas se hagan bien. Y para que quienes violenten las normas éticas al sustraer recursos públicos se vean severamente castigados. Es lo que se llama un verdadero régimen de consecuencias, que en definitiva lo que quiere decir es que quien la hace la paga.
Y ciertamente, tienen razón quienes consideran que no hemos mostrado la voluntad suficiente como para que la corrupción sea castigada, y para establecer de una vez y por todas un sistema eficaz que indique a los funcionarios la manera de hacer las cosas. Es obvio que el Gobierno ha mostrado el deseo de poner un mayor control a la dinámica de las compras y contrataciones en las instituciones públicas. Ese deseo ha quedado expresado en el decreto 188-14 del presidente Danilo Medina Sánchez, en que se establece el sistema de veeduría en las instituciones del Estado. Son personas seleccionadas por su conducta pública para vigilar los procesos de adquisición de bienes y servicios.
Sin embargo, hay que distinguir entre el deseo y la voluntad. Lo primero es querer que algo se pueda dar como creemos que debe suceder, y lo segundo es nuestra decisión de que sea de esa manera. Es una frontera muy fina para distinguirla, pero es evidente que hay una diferencia importante entre el deseo y la voluntad. En cambio, cuando logramos unirla puede llegar a tener un impacto transformador en la sociedad. Es decir, que cuando deseamos algo y nos decidimos a hacerlo es lógico que las posibilidades de lograrlo sean enormes.
La lucha contra la corrupción ha de ser firme, si queremos frenarla.
