RESUMEN
La tensión entre desarrollo y medio ambiente es una constante en los países en crecimiento. En la República Dominicana, la historia nos ha enseñado a ser escépticos: demasiados proyectos han optado por “pedir perdón” en vez de “pedir permiso”, dejando a su paso cicatrices irreversibles en nuestros ecosistemas. Sin embargo, también es cierto que el desarrollo sostenible es posible si se escucha a la ciencia, se fomenta el diálogo y se actúa con transparencia.
Este fin de semana fuimos testigos de dos casos que ilustran, desde distintos ángulos, la urgencia de actuar con criterio técnico y responsabilidad social. Por un lado, la tala de árboles en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte; por otro, el creciente rechazo a la posible reducción del Jardín Botánico Nacional para dar paso a una obra vial. Ambos episodios nos obligan a hacernos la misma pregunta:
¿Estamos tomando decisiones basadas en estudios serios o simplemente reaccionando a la presión social o política?
Caso 1: Centro Olímpico y los árboles que ya no están.
El sábado 20 de julio, ciudadanos denunciaron la tala de cientos de árboles en el Centro Olímpico como parte de los preparativos para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Según el Ministerio de Medio Ambiente, la acción fue autorizada tras una evaluación técnica que permitió el corte de más de 900 árboles.
Sin embargo, la ciudadanía se enteró del hecho a través de redes sociales y medios de comunicación, no mediante canales oficiales. La falta de transparencia, la ausencia de explicación sobre otras posibles alternativas como el trasplante, así como el escaso diálogo con las comunidades afectadas, convirtieron una obra legal en un conflicto social.
Caso 2: El Jardín Botánico bajo posible amenaza.
En paralelo, se generó una ola de oposición ciudadana ante un presunto proyecto de ampliación vial que, según informaciones filtradas, recortaría una porción del Jardín Botánico Nacional, uno de los pulmones verdes más importantes del Gran Santo Domingo.
Ambientalistas, académicos y ciudadanos comenzaron a movilizarse en rechazo a la obra, aun sin que se haya presentado públicamente el proyecto ni estudios técnicos que lo justifiquen, ni se hayan socializado alternativas menos lesivas para el entorno. Por lo tanto, la oposición ciudadana no puede calificarse como infundada: no es un “no por costumbre”, es un “no sin información”.
Estos dos ejemplos reflejan dos extremos de un mismo problema: la pérdida de confianza producto de la falta de socialización y de un diálogo técnico-social abierto, lo que genera conflictos innecesarios y empaña incluso los proyectos mejor intencionados.
La oposición sin estudios puede frenar el progreso. Pero el progreso sin estudios puede destruir lo que nos da vida. Por eso, cualquier proyecto—por grande o pequeño que sea, de infraestructura vial, minería, turismo o energía—debe partir de diagnósticos ambientales, sociales y económicos serios, transparentes y debatidos.
La sostenibilidad no puede ser rehén de intereses políticos ni víctima de modas ideológicas. Oponerse a un proyecto sin saber en qué consiste es tan irresponsable como aprobarlo sin evaluar sus consecuencias. El país necesita madurar su cultura del desarrollo: una en la que ni el miedo ni el oportunismo, sino la ciencia, el consenso y el bien común marquen el rumbo.
En un país con tantos desafíos ambientales y sociales, no podemos darnos el lujo de improvisar. Necesitamos crecer, pero necesitamos hacerlo bien.
Por Elizabeth Mena – Cambia el Chip