Uno de los grandes retos de la sociedad contemporánea es garantizar condiciones reales de equidad y acceso para las personas con algún tipo de discapacidad, se encuentre esta diagnosticada o no. Más que una cuestión de sensibilidad o buena voluntad se trata de un compromiso con la justicia social y con el cumplimiento de derechos fundamentales, establecidos tanto en nuestra Constitución como en leyes como la 5-13 sobre Igualdad de Derechos de las Personas con Discapacidad en la República Dominicana.
Desde esta perspectiva, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), adoptados por la comunidad internacional como hoja de ruta hacia el 2030, constituyen un marco valioso para impulsar transformaciones profundas. Metas como el ODS 4 (educación de calidad), el ODS 8 (trabajo decente), el ODS 10 (reducción de las desigualdades) y el ODS 11 (ciudades y comunidades sostenibles) nos convocan a romper paradigmas históricos.
De la caridad a la equidad
Debemos superar de una vez por todas la visión asistencialista o de caridad hacia la discapacidad. La inclusión no es una concesión, más bien constituye una reivindicación de derechos. Lo que necesitamos no es que unos pocos logren “romper barreras” de forma heroica, sino que se democratice el acceso, se garanticen las condiciones mínimas de participación justa, y que todos podamos competir en igualdad de condiciones, con las herramientas ajustadas a nuestras capacidades.
Personas con discapacidades visuales, psicomotrices, intelectuales o cognitivas no deben seguir siendo invisibles en los entornos laborales, educativos, institucionales y políticos. La participación plena en los espacios de toma de decisiones, como las mesas empresariales, los partidos políticos o, desde una óptica territorial, los órganos de planificación urbana, deben incluir asientos reales y funcionales para ciudadanos con capacidades diferenciadas.
Ciudad y talento inclusivo
Desde la gerencia pública y privada, el reto es el mismo: gestionar el talento humano de la forma más eficiente posible, reconociendo el valor de cada persona más allá de sus limitaciones y ubicándola en el lugar donde su potencial pueda explotarse al máximo. En este sentido, la inclusión de personas con discapacidad no debe ser un acto simbólico, sino parte integral de una política de desarrollo sostenible, productividad y cohesión social.
En Santo Domingo se han dado pasos importantes en la reconfiguración de la infraestructura pública hacia la accesibilidad. Rampas, señalética, aceras transitables y baños adaptados son avances tangibles. Desde el sector privado también han surgido iniciativas valiosas, sobre todo en torno a sus espacios físicos y contrataciones laborales. Pero resulta inminente, necesitamos más: es tiempo de elevar los estándares, de asumir las mejores prácticas del mundo y de alinearnos con las metas que marcan los ODS y otras iniciativas internacionales que han demostrado que la inclusión reditúa en desarrollo, innovación y justicia.
La inclusión no es opcional, es estratégica
No se trata únicamente de lo que dicta el deber ser legal. Se trata de una visión moderna de ciudad y de Estado, donde cada ciudadano importa, y donde las políticas públicas y privadas estén diseñadas para abrazar la diversidad funcional como parte de nuestra realidad y nuestro futuro.
Construir una sociedad inclusiva no solo honra la dignidad humana. Es también una estrategia inteligente para el desarrollo económico, la gobernanza democrática y la cohesión social.
El autor es regidor del Distrito Nacional.
Por Giancarlo Vega P.