RESUMEN
La transparencia es uno de los pilares esenciales del Estado social y democrático de derecho. Desde la promulgación de la Constitución del 2010, el ordenamiento jurídico dominicano se ha venido orientando hacia el fortalecimiento de los parámetros de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas en los poderes públicos.
Por esta razón, en el marco de la consolidación de una nueva institucionalidad desde el Estado dominicano, la transparencia se ha instaurado como un desafío tanto en el ámbito colectivo como el particular para cada uno de los entes que componen el organigrama institucional del país. De manera que, resulta un hecho trascendente para el orden democrático que la ciudadanía juegue su rol como actor preponderante y vigilante de la toma de decisiones públicas.
La propia Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo No. 1-12, en su primer eje estratégico propone una administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados. De manera que, un marco normativo de esta naturaleza, cuyos ejes inciden transversalmente en el desarrollo del orden institucional, traza desde su origen las pautas características para los poderes públicos.
No obstante lo anterior, resulta evidente que para asociar el concepto de transparencia desde una nueva institucionalidad se hace necesario referenciar hacia la legislación nacional que versa sobre este aspecto: la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública No. 200-04.
Empero, la misma es previa al nuevo orden constitucional.
Vale aclarar que, al margen de su posición en el tiempo respecto al nuevo ordenamiento jurídico dominicano instituido desde la Constitución del 2010, la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública ha sido un instrumento eficaz para fortalecer la transparencia en el país. El diseño de políticas públicas luego de su promulgación ha marcado un antes y un después en la vigilancia y fiscalización ciudadana sobre la gestión pública.
Por Henry Nuñez
Periodista