RESUMEN
En los últimos años, la evolución de la tecnología ha traído consigo nuevas amenazas que afectan directamente la seguridad pública; entre ellas, el uso de deepfakes o videos falsos y fake news o noticias falsas, ha dado paso a una modalidad de extorsión sofisticada y difícil de rastrear; estos contenidos, generados por inteligencia artificial, simulan de forma realista imágenes o videos de personas sin que estas hayan participado, lo cual se está utilizando cada vez más como arma del multicrimen cibernético, los cuerpos de seguridad latinoamericanos entiende que este tipo de proceso de investigación electrónica se torna cada vez más compleja y afecta a toda la región.
La historia reciente muestra cómo estas tecnologías pasaron de simples actividades de las redes sociales a herramientas cibercriminales; a partir de 2017, cuando los primeros deepfakes empezaron a circular con fines de entretenimiento, muchos expertos alertaron sobre sus posibles usos maliciosos o extorsivos; pero no fue hasta 2020, que usuarios del internet comenzaron a reportar cientos de miles de denuncias extorsivas con videos falsos (deepfake), que aparentaban mostrar situaciones comprometedoras, violatorias a las leyes penales; las unidades policiales especializadas empezaron a recibir más denuncias de este tipo, lo que dejó en evidencia una brecha entre la rapidez del desarrollo tecnológico y la capacidad de respuesta del sistema legal y de investigación.
En ese mismo periodo, las fake news también ganaron terreno; durante la pandemia del COVID-19, afectando las políticas de salud pública de todos los países, haciendo falsas propagandas en contra de los programas de vacunación, logrando que millones de personas en todo el mundo no cumplan con dicho tratamiento, debido a la supuesta trasmisión o implante de un chip de monitoreo. Los procesos democráticos de varios países también fueron afectados por el incremento de estas noticias falsas, que circularon a una velocidad alarmante, desinformando a millones y en muchos casos, provocando caos, temor o división social; para las fuerzas policiales, esto planteó una problemática sin precedente.
Dentro de este contexto, las estrategias de prevención a seguir se convirtieron en objetivos prioritarios; sin embargo, muchas veces las policías en las áreas especiales tecnológicas o cibernéticas, están limitadas por la falta de herramientas legales, de talentos humanos calificados o de tecnologías adecuadas para combatir el delito; el carácter transnacional del internet complica aún más el panorama. Un video falso puede publicarse desde otro país, viralizarse en segundos y afectar la seguridad sin dejar rastros fáciles de seguir.
En el ámbito de la investigación penal, los deepfakes y las fake news presentan retos particulares; por ejemplo, cuando una persona es extorsionada con un video falso, la víctima debe demostrar que el contenido no es real, lo cual no siempre es fácil ni rápido; además, las pruebas digitales requieren peritajes técnicos especializados, y no todos los países cuentan con los laboratorios o equipos forenses adecuados; el proceso puede tardar tanto que, para cuando se logre desmontar la afectación ya esté hecho pudiese haber prescrito o desinteresado al ciudadano.
El incremento de las extorsiones a través de contenidos generados por Inteligencia Artificial ha evidenciado la ausencia de coordinación entre las autoridades policiales y las plataformas digitales. En numerosas ocasiones, la víctima denuncia el incidente, pero el contenido continúa circulando debido a que la red social no lo considera una violación clara de sus políticas; este vacío entre lo legal y lo digital permite que los delincuentes se beneficien del anonimato y la celeridad de la red para actuar sin tener que enfrentar consecuencias instantáneas.
Frente a esto, algunos países han comenzado a modificar sus marcos legales para incluir el uso de deepfakes y fakenews con fines criminales como delito específico; sin embargo, las leyes por sí solas no bastan. Se necesita inversión en formación técnica para los agentes de las policías especializadas en tecnologías, colaboración internacional para rastrear a los responsables y campañas públicas que enseñen a la población a identificar y reportar estos engaños.
Además, la prevención debe ir más allá de lo tecnológico. Se vuelve clave la educación digital en todos los niveles. Enseñar a reconocer noticias falsas, cuestionar lo que circula en redes sociales y no caer en chantajes debe ser parte de una estrategia más amplia que combine esfuerzos del Estado, la sociedad civil y los medios de comunicación; como han señalado investigadores como Manuel Castells, “la seguridad en la era de la información ya no depende solo del control físico, sino del manejo ético y crítico de los datos” (Castells, 2009).
En resumen, los deepfakes y las fake news no son solo una amenaza digital: afectan la seguridad física y jurídica de los ciudadanos; para las policías cibernéticas de toda América Latina, combatirlos es uno de los retos más urgentes y complejos de esta década. La respuesta debe ser rápida, coordinada y basada tanto en tecnología como en conciencia social, si queremos proteger el bien más frágil en estos tiempos: la realidad de lo que consumimos tecnológicamente.