RESUMEN
Conforme a datos ofrecidos por el Banco Mundial, la economía de la República Dominicana presentó un crecimiento del 5% durante el año 2024. Un logro que, según estudios realizados por UBS, responde a la solidez del consumo, el impacto de la inversión y las exportaciones durante dicho período. Entre los indicadores destacados figuran el crecimiento del producto interno bruto (PIB), el manejo de la inflación, la estabilidad del tipo de cambio, las reservas internacionales, el número de ocupados en el mercado laboral y la reducción de la pobreza monetaria.
Estos elementos, conforme al Banco Mundial, no son fruto de la casualidad, sino del resultado del trabajo sostenido de los últimos 20 años, en los que el país ha triplicado el crecimiento promedio de la región, permitiendo que más de tres millones de personas salieran de la pobreza.
Sin embargo, el año 2025 ha sido diferente. Nos encontramos frente a un escenario distinto, en el que, conforme a las actualizaciones del Banco Central, se proyecta un crecimiento económico por debajo del 3%. Diversos sectores impulsores de nuestra economía reflejan esa desaceleración. Tal es el caso del sector construcción, que entre enero y junio de este año experimentó una variación interanual de -2.3%, producto del contexto internacional de incertidumbre y del alza en las tasas de interés.
De acuerdo con el Banco Central, la incertidumbre es general. Las condiciones de liquidez a nivel internacional han afectado significativamente el desempeño de la inversión privada, junto con una menor inversión pública por parte del Gobierno en comparación con años anteriores.
Evidentemente, la crisis preocupa, pero también representa una oportunidad para fortalecer nuestras estructuras. Es en ese punto donde el marco jurídico dominicano debe concebirse como una herramienta clave para sostener la confianza empresarial y promover la estabilidad.
Durante las últimas dos décadas, la seguridad jurídica ha sido determinante para lograr los niveles de crecimiento previamente alcanzados. Por ello, ahora más que nunca, frente a la incertidumbre externa, resulta vital fortalecer lo interno: promover, de manera responsable, los avances normativos y las reformas legales que permitan a los inversionistas proyectar sus escenarios con mayor certeza.
Herramientas como un nuevo Código de Trabajo, que quede acorde a los nuevos tiempos y consciente de los desafíos del empresariado, sin afectar las conquistas del sector trabajador, es un ejemplo del camino que debemos seguir. Asimismo, una justicia ágil y moderna, capaz de operar sobre parámetros actualizados, es determinante para mantener la confianza del sector empresarial y garantizar el flujo comercial constante.
El momento es propicio no sólo para continuar reformando, sino también para valorar y fortalecer la labor de quienes administran justicia, reduciendo la mora judicial y emitiendo decisiones justas, a la altura de los conflictos que día a día ocupan nuestros tribunales. Reconocer el mérito, preservar a quienes han actuado con integridad y ascender a quienes reúnen las condiciones necesarias, conforme a carreras comprobadas, es parte de ese fortalecimiento institucional que el país demanda.
Frente a los desafíos actuales, el sector empresarial ha demostrado resiliencia, adaptándose genuinamente gracias a herramientas legales modernas como la mediación, el arbitraje y la contratación digital. Sin embargo, esto no basta. El empresariado exige y necesita confiar cada vez más en nuestras instituciones, con especial enfoque en el sistema de justicia. Su fortalecimiento, junto a las reformas en curso, conforma el marco jurídico sólido que incentiva la actividad económica nacional.
Ejemplos tangibles, como la digitalización de la justicia promovida por la actual gestión del Poder Judicial, han reducido significativamente los costos para los usuarios y hecho la justicia más accesible para todos. Este tipo de avances, respaldados por el compromiso empresarial y el fortalecimiento institucional, son señales claras de un futuro más estable.
En medio de los desafíos que impactan los distintos sectores de nuestra economía —y aún en la adversidad que éstos conllevan—, el derecho sigue siendo el gran aliado del progreso.
Porque la justicia no sólo protege derechos; también impulsa la confianza que mueve la economía.
POR WILLIAM ENCARNACIÓN
*El autor es abogado especializado en Responsabilidad Civil, socio de Plus Legal, con alta experiencia en asesoría Legal Estratégica y Recuperación de Activos Financieros / Correo: wencarnacion@grupoplusrd.com