EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Familiares de las víctimas de la explosión de San Cristóbal, respaldados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) y la Comisión de la Verdad, depositarán este lunes una solicitud ante la Procuraduría General de la República para que se reabra y amplíe la investigación.
Los dolientes de las víctimas de la tragedia, igual que los directivos de la CNDH-RD, han cuestionado las actuaciones de las autoridades locales y denunciado presuntas irregularidades en la gestión de la escena del crimen, a la vez que desligan a los propietarios de la empresa Vidal Plast de cualquier tipo de vinculación con la explosión ocurrida en esta ciudad, según un documento de prensa.
Las comisiones indicaron que la magnitud de la tragedia los motivó a actuar al respecto.
El documento, depositado en el despacho de la Procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, está firmado por los doctores Manuel María Mercedes Medina, Guillermo Castro, Ángel Veras y por la Comisión de la Verdad de San Cristóbal Dr. Manuel Antonio Nina Diaz.
En el documento, los firmantes explican que la solicitud busca profundizar la investigación a fin de determinar los verdaderos responsables del hecho, así como las actuaciones posteriores.
El expediente, que consta de 40 páginas, aporta no solo el informe final del Cuerpo de Bomberos de San Cristóba sino también un análisis crítico de dicho informe.
La CNDH-RD y la Comisión de la Verdad argumentan que este análisis «explica las falacias del mismo que tuvieron como objetivos desvincular los verdaderos responsables y las causas de la explosión».
Asimismo, las entidades señalan que el Ministerio Público, de acuerdo con las normativas, debió haber tenido el dominio de la escena, dirigir las investigaciones, levantar actas, recolectar osamentas y demás elementos que pudieran servir como prueba de lo que realmente ocurrió.
En este contexto, la Comisión cita el artículo 359 del Código Penal, el cual establece que «quien ocultare o encubriere el cadáver de una persona asesinada o muerta a consecuencias de golpes o heridas, será castigado con prisión correccional de seis meses a dos años y a la vez resultar con multas».
Finalmente, el documento subraya que más de 40 familiares de las víctimas desligan a la empresa Vidal Plast de cualquier responsabilidad penal, basándose en que las investigaciones realizadas que han demostrado que la explosión no se originó en ese lugar.
