RESUMEN
República Dominicana tiene el derecho absoluto, soberano e innegociable de proteger su territorio y garantizar la seguridad de sus ciudadanos. No es un tema de ideologías ni de interpretaciones: es una responsabilidad constitucional, histórica y moral que ningún Estado serio puede eludir.
La creciente presión migratoria proveniente de Haití, en medio de una crisis política, social y de seguridad sin precedentes, ha generado una situación insostenible en nuestra frontera. Estamos hablando de un país sin un gobierno legítimo, dominado por bandas armadas que controlan más del 80% de su territorio, y con una economía colapsada. Esta realidad se traduce en una migración masiva e incontrolada que impacta directamente en nuestros servicios de salud, educación, seguridad ciudadana y empleos.
Entre enero y abril de 2024, más de 60,000 haitianos en condición migratoria irregular fueron deportados o repatriados por las autoridades dominicanas, una cifra que refleja la magnitud del reto. Y no es casualidad: este ha sido el gobierno que más acciones concretas ha tomado para controlar, organizar y dignificar el proceso migratorio. Desde el reforzamiento del muro fronterizo inteligente, hasta la depuración biométrica y los operativos masivos en todo el país, por primera vez el Estado está ejerciendo su autoridad con claridad y determinación.
A quienes aún creen que deportar es un acto de intolerancia, les digo: respetar la ley no es xenofobia. Aplicarla con firmeza no es extremismo. Deportar a quien entra y permanece de forma ilegal no solo es un derecho, es una obligación del Estado dominicano con su pueblo.
Claro que la dignidad humana debe preservarse, pero no puede exigirse humanidad para unos y desorden para todos. Este país ha demostrado ser solidario, pero también ha llegado el momento de poner límites claros. Ser un pueblo noble no significa ser un pueblo indefenso.
Además, los recursos que la migración irregular nos cuesta no son imaginarios: en el 2023, el Ministerio de Salud Pública estimó que más del 30% de los partos atendidos en hospitales públicos fueron de madres haitianas. En algunas provincias fronterizas, esa cifra superó el 80%. Esto representa miles de millones de pesos anuales del erario nacional.
¿Cómo podemos hablar de desarrollo y equidad si los servicios básicos están colapsando?
Defender nuestra frontera también implica impulsar el desarrollo de las provincias fronterizas: Dajabón, Elías Piña, Independencia y Pedernales. Mientras sigamos mirando a esas zonas solo como líneas divisorias y no como motores de desarrollo estratégico, seguiremos teniendo una frontera vulnerable. Este gobierno lo ha entendido, y ya lo está ejecutando.
El mensaje debe ser uno solo: República Dominicana se respeta. Su soberanía se respeta. Su ley se cumple. Y quien no tenga documentos para estar aquí, debe regresar a su país. Sin odio, sin violencia, pero con determinación.
Mirando hacia adelante
La crisis haitiana no se resolverá de la noche a la mañana, ni con discursos diplomáticos que evaden la raíz del problema. Pero sí podemos construir una respuesta nacional más fuerte, más coherente y duradera.
El futuro debe incluir:
- Una ley migratoria más actualizada y con dientes, que cierre los vacíos legales y castigue con rigor a quienes fomentan la ilegalidad.
- Tecnología y vigilancia permanente en la frontera, con datos en tiempo real, inteligencia estratégica y cooperación internacional.
- Registro obligatorio y control biométrico de toda mano de obra extranjera, sin excepciones.
- Y, sobre todo, una inversión sostenida en nuestras provincias fronterizas, que deje atrás el abandono y convierta esas comunidades en guardianes activos de nuestra soberanía.
República Dominicana no puede ser el país que asume solo un problema que le corresponde a la comunidad internacional. Pero sí podemos ser el país que actúe con firmeza, con respeto y con visión. Y eso empieza por algo muy claro: aquí se respeta la ley. Aquí se defiende la patria. Y aquí se ordena la casa.
Por Miguel Canó