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30 de marzo 2026
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2 min de lectura Toga

Denuncian Surún Hernández manipula comisión electoral CARD para quedarse como presidente

El expresidente del CARD, quien aspira a presidir ese órgano en las próximas elecciones, doctor Diego José García. (Foto: Fuente externa)
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RESUMEN

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EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Varios abogados denunciaron este miércoles que Miguel Surún Hernández, presidente del Colegio Dominicano de Abogados (CARD), manipula la comisión electoral de ese gremio con la intención de quedarse dirigiendo esa institución de manera ilegal.

El expresidente del CARD, quien aspira a presidir ese órgano en las próximas elecciones, doctor Diego José García, en compañía de decenas de abogados, expresó que “Surún pretende boicotear las elecciones del Colegio de Abogados para quedarse ahí”.

“Impuso un presidente rompiendo el orden, quien debió subir como presidente fue el suplente de la Comisión Electoral”, criticó.

García denunció que Surún Hernández está aplicando un reglamento a los abogados de forma irregular, sin ser aprobado por el Consejo Nacional del CARD.

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Mientras que otro de los abogados perteneciente al Colegio, Manuel Galván Luciano, explicó que se están presentando obstáculos en el CARD por la imposición del presidente al no ser elegido por la comisión del gremio.

Galván Luciano anunció que a los delegados contrarios a Surún se les ha prohibido participar en las reuniones.

Asimismo, deploró que a más de 20 días de las elecciones del CARD nadie sabe dónde van a votar los abogados y “lo vamos a emplazar mediante acto de alguacil”, expresó.

Surún Hernández ha sido denunciado por supuestas irregularidades en el Colegio de Abogados, la última fue interpuesta por el exprocurador fiscal Gregory Castellanos Ruano, quien hizo un llamado a la Procuraduría General, Miriam Germán, para que lo someta a la justicia por supuestos “desfalco sistemático” a la entidad que agrupa a los licenciados en Derecho.

Las imputaciones que hace Castellanos Ruano establecen que Surún tomó RD$ 119,000,000.00 para comprarse cinco terrenos o propiedades inmobiliarias en la provincia La Altagracia, a través de una compañía «offshore» de su propiedad que tiene un paraíso fiscal de Panamá.