EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- En medio de una situación que evidencia una fiscalización insuficiente, se estima que en el territorio nacional existen alrededor de 72 mil puntos de bancas, de las cuales aproximadamente 46 mil podrían no cumplir con las normativas establecidas por la Ley 253-12 sobre el Fortalecimiento de la Capacidad Recaudatoria del Estado para la Sostenibilidad Fiscal, requisitos necesarios para obtener una licencia de operación.
Esta preocupante situación fue expuesta por el presidente de la Federación Nacional de Bancas de Lotería (FENABANCA), Juan Antonio de Jesús, y el asesor legal de la entidad, José Castillo, quienes demandan que sea la ley la que rija y regule el sector.
De Jesús y Castillo abordaron este tema durante una entrevista realizada por los periodistas Enrique Mota y Rafael Zapata en el programa “El Nuevo Diario AM”, transmitido a través de la plataforma digital El Nuevo Diario TV.
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Ambos recalcaron que desde 1999 hasta la fecha actual, el sector de las bancas ha enfrentado numerosas crisis debido a la ausencia de autoridades competentes que puedan regularse conforme a la ley, lo que ha permitido que muchos operen bajo intereses personales.
«Como resultado de una fiscalización deficiente, el Estado dominicano ha dejado de percibir alrededor de 5 mil millones de pesos durante los tres años de esta administración, debido a la falta de una supervisión adecuada», precisó el abogado.
Asimismo, señalaron que durante la gestión de Donald Guerrero, en lugar de llevar a cabo una fiscalización apropiada, se generó una situación de extorsión que afectó a los banqueros por más de 7 mil millones de pesos. Además, se crearon una cantidad excesiva de bancas de lotería que la sociedad no puede tolerar.
La Ley 253 establece que se debe pagar un 10 % del premio para montos entre 100 y 499 pesos, un 15 % para montos entre 500 y 999 pesos, y un 25 % para premios superiores a un millón de pesos. Sin embargo, los banqueros no suelen cumplir con esta disposición al no hacer efectivo el pago a los apostadores, lo cual constituye un incumplimiento de la ley.
