Hace unos días, el economista Juan Lladó publicó en Acento su artículo titulado “La marcha verde de los pobres”, en el que propone una movilización cívica en defensa de la calidad educativa, con énfasis en los más vulnerables. Esta publicación se apoya, a su vez, en un artículo anterior suyo, respaldado por un editorial del mismo medio, en el que plantea un decálogo para mejorar la educación pública dominicana.
Entre sus propuestas destacan medidas como la contratación de profesores extranjeros para suplir deficiencias en áreas clave, la profesionalización continua del magisterio, incentivos por desempeño, y una gestión educativa libre de interferencias políticas. Son ideas oportunas, necesarias y realizables.
En este contexto, quiero proponer un paso más allá: la estructuración de un modelo APP-concertado que permita al Estado asociarse con entidades privadas o sociales, bajo condiciones claras y medibles, para mantener la infraestructura escolar y prestar el servicio educativo con estándares de calidad definidos contractualmente.
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¿Qué es un concierto educativo y por qué mirar a España?
España ha desarrollado un sistema de “concertación educativa” donde centros educativos privados operan con financiamiento público, brindando educación gratuita a estudiantes, pero bajo reglas del Estado: currículo oficial, admisión no discriminatoria, inspección educativa, condiciones laborales estandarizadas.
Este modelo permite al Estado expandir la cobertura sin asumir toda la carga operativa y financiera. Ha contribuido a garantizar la educación obligatoria en zonas urbanas y rurales, y ha sido particularmente eficaz para involucrar organizaciones de la sociedad civil en la gestión de centros educativos.
No se trata de privatizar la educación, sino de pluralizar la provisión bajo control público del Ministerio de Educación, una lógica que podría adaptarse a la realidad dominicana, especialmente cuando ya se han construido cientos de escuelas, pero muchas están deterioradas o sin uso adecuado.
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El modelo APP-concertado para República Dominicana
La propuesta consiste en estructurar contratos de Alianza Público-Privada (APP) para que entidades privadas o mixtas:
- Construyan o rehabiliten y mantengan escuelas públicas, asegurando estándares de infraestructura, higiene, accesibilidad, conectividad, y eficiencia energética.
- Gestionen el servicio educativo, bajo un régimen concertado, aplicando el currículo nacional y rindiendo cuentas por los resultados académicos, la permanencia estudiantil y la calidad docente.
Este modelo combinaría los beneficios de las APP de infraestructura con las virtudes del sistema de conciertos educativos, adaptado a nuestro marco legal y contexto social.
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La Ley 47-20: una base legal ya disponible
República Dominicana ya cuenta con un marco legal que hace viable esta propuesta: la Ley 47-20 de Alianzas Público-Privadas, promulgada en febrero de 2020, reglamentada mediante el Decreto 434-20. Esta ley regula todo el ciclo de vida de los contratos APP y —lo más relevante— reconoce las APP sin fines de lucro.
Estas APP pueden celebrarse con organizaciones sociales, cooperativas o entidades educativas que no busquen retorno financiero, sino reinvertir excedentes en la mejora del servicio prestado. Son una oportunidad ideal para el ámbito educativo, donde el objetivo no es lucro, sino inclusión, calidad y sostenibilidad.
De hecho, este enfoque tiene paralelismos con los Community Colleges en Estados Unidos, instituciones públicas de gestión local o mixta, muchas de ellas surgidas como asociaciones comunitarias sin fines de lucro.
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Aplicación práctica del decálogo de Lladó en el modelo APP
Varios puntos del decálogo de Juan Lladó podrían integrarse directamente a los contratos APP-concertados como cláusulas obligatorias o indicadores de desempeño:
| Propuesta de Lladó | Aplicación en el modelo |
| Formación continua docente | Condición contractual obligatoria con monitoreo anual |
| Evaluación de formación universitaria | Requisito de contratación docente |
| Incentivos por resultados | Pagos condicionados al rendimiento estudiantil |
| Capacitación en TICs | Obligatoria en zonas con brecha digital |
| Profesores extranjeros en ciencias/idiomas | Permitido y promovido en zonas vulnerables |
| Despolitización de directores | Selección técnica y contractual, con supervisión externa |
| Consejos educativos regionales | Órganos comunitarios obligatorios para monitoreo |
| Bonos e incentivos por desempeño | Incluidos en la estructura de pagos del operador |
| Incentivos a docentes en zonas pobres | Parte del módulo de pagos variables |
| Vales educativos en zonas sin oferta pública | Piloto APP sin fines de lucro en zonas rurales |
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Condiciones críticas para el éxito
- Marco normativo y regulatorio: Ya existe (Ley 47-20), pero se requiere adaptación sectorial en educación y voluntad política para aplicarlo.
- Selección transparente de operadores: Licitaciones abiertas, criterios técnicos estrictos, veeduría ciudadana.
- Evaluación y rendición de cuentas: Sistema nacional de indicadores por contrato, informes públicos, auditorías externas.
- Garantía de gratuidad y cobertura equitativa: Contratos deben asegurar acceso gratuito, universal y no discriminatorio.
- Participación social estructurada: Consejos escolares y observatorios regionales con voz real.
- Pilotos controlados antes de escalamiento: Comenzar con zonas vulnerables, escuelas clausuradas o mal gestionadas, con evaluaciones trimestrales.
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Conclusión
El llamado de Juan Lladó a repensar la educación dominicana no debe quedarse en el plano del análisis. Es momento de estructurar una respuesta sistémica, no solo aumentar presupuestos, sino mejorar la forma en que se gestiona y se presta el servicio educativo.
El modelo APP-concertado, basado en la experiencia española y adaptado a nuestro marco legal vigente, puede ser una vía realista, sostenible y transformadora. Nos permite conservar la inversión realizada, superar el estancamiento de calidad, reducir la politización operativa, y garantizar una educación digna para todos los dominicanos, especialmente los más pobres.
La educación no necesita más promesas. Necesita soluciones estructurales. Y esta es una de ellas.
Por Carlos Sully Bonnelly Ginebra
Doctor Ingeniero de Caminos Canales y Puertos
Consultor Economía del Transporte y Proyectos de Asociación Público-Privada