RESUMEN
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El pasado año, la Oficina Nacional de la Defensoría Pública (ONDP) informó este martes que registró un total de 1,169 casos de personas extranjeras asistidas de manera gratuita en el país.
De esa cantidad, 1,101 corresponden a la jurisdicción ordinaria, es decir, personas adultas, mientras que 68 casos pertenecen a niños, niñas y adolescentes.
Las estadísticas reflejan que la mayor concentración de casos se registró en las oficinas de Elías Piña (153), Higüey (109), Montecristi (82), provincia Santo Domingo (81), Salcedo (4) y Samaná (4).
En cuanto a la distribución por sexo, 1,097 corresponden a hombres y 72 a mujeres. Respecto al idioma, se destaca que 255 personas hablan español, mientras que 914 no dominan este idioma, lo que evidencia la necesidad de servicios de interpretación en el sistema judicial.
La información fue ofrecida este martes por Rodolfo Valentín Santos, director de la ONDP, durante la actividad “Conoce tus Derechos”, celebrada en la Suprema Corte de Justicia.
“El verdadero rostro de un sistema de justicia no se mide en sus sentencias, sino en cómo trata a quienes llegan a él en desventaja”, expresó el funcionario.
Valentín Santos enfatizó que las personas extranjeras no dejan de ser sujetos de derechos por cometer un delito en un país ajeno o por cruzar una frontera, señalando que es precisamente en esas circunstancias cuando más necesitan del Estado.
“Garantizar defensa pública gratuita en el ámbito penal para la población extranjera no es solo cumplir con estándares internacionales; es afirmar, con hechos, que la justicia tiene vocación universal”, sostuvo.
En ese sentido, abogó por la construcción de una justicia inclusiva, donde no solo se reconozcan los derechos, sino que se garantice su aplicación efectiva, en cumplimiento del artículo 176 de la Constitución de la República.
Para lograrlo, indicó que es necesario fortalecer aspectos clave como:
• Defensorías públicas con cobertura nacional y capacidad técnica
• Acceso fácil, gratuidad y efectividad en el servicio
• Intérpretes judiciales y asistencia cultural adecuada
• Protocolos que eviten la discriminación por condición migratoria
• Voluntad institucional
“Porque una justicia que no logra escuchar al más vulnerable, no es justicia… es apariencia de legalidad”, recalcó.
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