RESUMEN
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Las defensas de varios imputados en Coral y Coral 5G continúa avanzando en sus réplicas a la acusación instrumentada por el Ministerio Público.
El abogado Félix Portes, defensa de la señora Yojanna Rodríguez Jiménez, que es la madre de los hijos del imputado de Rafael Núñez de Aza, dijo que hizo una presentación de reparos respecto al expediente acusatorio.
“Esos reparos también son a las pruebas presentadas por el órgano persecutor, mostramos pruebas a descargos e hicimos lo propio con el señor Erick Pereira, que es sobrino de nuestro representado Núñez de Aza”, explicó.
El letrado, dijo que en las próximas audiencias estaría defendiendo las empresas vinculadas al supuesto entramado de corrupción administrativa y el derecho a la defensa de Núñez de Aza.
“Lo más importante es que aquí hubo un cumplimiento de una orden legítima, porque nuestros representados no tenían formas de saber lo que el Ministerio Público no sabía antes del 2020, lo que la Dirección de Impuestos Internos no sabía y lo que la Contraloría tampoco, es decir, si a ti te dan un cheque para que lo cambie, tú no tienes formas de saber si el origen del dinero es ilícito”, declaró el letrado.
Precisó, que un simple cabo no tiene potestad para investigar su superior y ese es el error que se enmarca en el tipo invencible.
En tanto, que Miguel Collado, representante del Ministerio Público, destacó que ninguna de las defensas pudo contradecir este viernes la acusación del órgano acusador, asegurando que ellos se han inculpados entre sí.
“Podemos afirmar de manera contundente que ningunos de los escuchados ha podido contrarrestar lo que es la acusación, al contrario, entre ellos se acusan mutuamente”, agregó el fiscal.
La jueza que conoce la preliminar del caso Coral y Coral 5G, Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, hizo un receso para este 20 del mes en curso la audiencia.
Se recuerda que el entramado de corrupción administrativa que supuestamente operó en cuerpo castrense del país, distrajo del Estado dominicano aproximadamente más de 4 mil millones de pesos en dinero y más de dos mil millones en propiedades.
El Ministerio Público presentó cargos contra 48 personas, 30 físicas y 18 personas jurídicas.
La red de corrupción operó en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), última institución no señalada en la acusación del órgano persecutor.
