EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La abogada defensora de Lina Ercilia de la Cruz Vargas refutó contundentemente las acusaciones presentadas por el Ministerio Público en el marco del caso que imputa principalmente a Alexis Medina de liderar una red de corrupción para estafar al Estado con casi $5 mil millones de pesos.
Ingrid Hidalgo, durante la audiencia de este lunes, aseguró que hay falta de pruebas sólidas que vinculen a su defendida con los delitos imputados. La abogada enfatizó que no existe evidencia pericial que demuestre que su cliente haya incurrido en alteración de documentos, como explica la acusación.
“No hay ninguna experticia caligráfica que indique que Lina Ercilia de la Cruz Vargas haya violado o alterado documento alguno”, afirmó.
Hidalgo también cuestionó la legalidad de las pruebas presentadas por el Ministerio Público, señalando que ninguna de las pruebas testimoniales, documentales o periciales ofrecidas por la acusación demuestra la participación de su defendida en los hechos imputados.
“Los testimonios de los testigos del Ministerio Público han sido contradictorios e incoherentes”, enfatizó.
También figuran procesados Magalys Medina, hermana de Alexis Medina y del expresidente Danilo Medina; Fernando Rosa, exdirector del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper); y Wilfredo Hidalgo (Freddy), exministro de Salud Pública.
Mientras que las empresas vinculadas son Domedical Supply, Fuel American Inc. Dominicana S.R.L., General Supply Corporations S.R.L., General Medical Solution A.M. S.R.L., Kyanred Supply S.R.L., Suim Suplidores Institucionales Méndez, United Suppliers Corporations S.R.L., entre otras.
De acuerdo al expediente acusador, Alexis Medina utilizó su influencia política para crear un entramado de empresas que, sin capacidad operativa ni personal, obtuvieron contratos millonarios con el Estado dominicano.
Las empresas mencionadas supuestamente fueron favorecidas con licitaciones fraudulentas, cesiones de crédito ficticias y pagos irregulares a través de instituciones como la Oisoe, el Fonper y el Ministerio de Salud Pública, dirigidas por Francisco Pagán, Fernando Rosa y Freddy Hidalgo, respectivamente.
El desfalco al erario público asciende a aproximadamente RD$4,796 millones. Las empresas presuntamente recibieron pagos irregulares por productos y servicios que no fueron entregados o ejecutados.
El Ministerio Público presentó en el juicio más de 100 testigos y una amplia documentación que evidencia cómo los acusados, incluyendo a funcionarios públicos y testaferros, participaron en esta alegada red de corrupción que operaba para desviar fondos públicos.
