EL NUEVO DIARIO, PUERTO RICO.- La representación legal de Mireddys González presentó el 20 de enero una moción ante el juez Anthony Cuevas Ramos, del Tribunal de San Juan, solicitando el nombramiento de un administrador judicial independiente, ajeno a ella y a Daddy Yankee. La medida busca salvaguardar los intereses de acreedores, accionistas y otras partes involucradas en las corporaciones El Cartel Récord Inc. y Los Cangris Inc.
La moción argumenta que un «empate» en la junta de directores ha paralizado la toma de decisiones. Además, los abogados de González denunciaron que, pese a una sentencia del 26 de diciembre que exige autorización conjunta para transacciones superiores a $100,000, Daddy Yankee habría realizado movimientos financieros por encima de ese monto bajo el pretexto de ser decisiones prudentes.
Por su parte, la defensa del artista presentó el 17 de enero una moción urgente de tres páginas, obtenida por El Nuevo Día, en la que solicita una orden judicial para impedir la divulgación de información y documentos confidenciales. Según los abogados, dichas filtraciones buscan perjudicar al cantante e incluso incluyen un “antiguo y revocado testamento” que intenta dañar la reputación de uno de los hijos de la pareja.
La representación legal de Daddy Yankee defendió recientes transferencias de fondos entre cuentas corporativas, argumentando que estas acciones se realizaron para obtener mejores intereses y garantizar mayor protección financiera. Según las declaraciones del equipo legal, el cambio de banco no violó la sentencia del tribunal, que exige mantener $75 millones intocables durante 30 días, mientras que el resto de los fondos solo puede utilizarse con autorización conjunta para transacciones superiores a $10,000.
En un comunicado, los abogados explicaron que el traslado de fondos al Oriental Bank resultó en un beneficio inmediato para las entidades, al incrementar los intereses anuales de 0.84% a entre 3% y 4.5%. También señalaron que las transacciones no generaron costos adicionales ni implicaron distribuciones de capital que afectaran a las corporaciones o a terceros.
El caso continúa en proceso, mientras ambas partes presentan argumentos para justificar sus acciones y proteger los intereses de las empresas en disputa.
