No hay mejor juez que el tiempo. Durante más de un año sostuve una denuncia pública y documentada sobre la existencia de una estructura de deshonestidad académica en el Instituto Policial de Educación Superior (IPES), particularmente en la Escuela de Altos Estudios Policiales. Esta red, liderada por el recién destituido rector Cecilio Delgado Agramonte y sus allegados, promovía la mediocridad, la deshonestidad y la simulación formativa como norma. En su momento, mis advertencias fueron minimizadas, incluso ridiculizadas. Hoy, los acontecimientos que dieron lugar a la suspensión de sus funciones por 30 días y su posterior destitución mediante el decreto presidencial núm. 641-25, comienzan a darme la razón.
Pero esta victoria no es personal. Es un acto de justicia institucional. Y lo afirmo con mayor convicción porque mi padrino y mentor, julio c esar Lorenzo Campusano, fue el creador del IPES, y por tanto, mi compromiso con su legado es profundo, legítimo y no negociable. Defender su visión original —una educación policial basada en el mérito, la ética y el compromiso con los derechos humanos— es una responsabilidad que asumo con dignidad y sin concesiones.
La estructura que enfrentamos era una mafia académica sostenida por cinco actores institucionales —el rector, la vicerrectora académica, el director de la Escuela de Altos Estudios, la subdirectora y la coordinadora académica— y cinco prácticas destructivas: fraude académico, tráfico de influencias, deshonestidad académica, deshonestidad institucional y complicidad sistémica. A esta red la denominamos, con precisión simbólica, los “diez jinetes del apocalipsis contrarreforma”.
Desde marzo de 2024, los hechos se acumularon como pruebas irrefutables: plagio colectivo, presiones para aprobar estudiantes sin méritos, irrespeto a la autoridad docente, violaciones al reglamento académico y represalias contra quienes nos negamos a participar en esta simulación. La consigna era clara: “El IPES se promueve a través de sus estudiantes”, y debíamos ser empáticos con ellos —como me sentenció la coordinadora académica— aunque eso significara aprobar sin aprender. La presión institucional para legitimar la mediocridad se volvió sistemática. Quienes nos negamos a participar en esta simulación fuimos etiquetados como “rosca izquierda e inflexibles”. La integridad se convirtió en una amenaza para el sistema de complacencia que impulsaba el hoy destituido rector y su estructura hostil a la reforma.
Hoy, el tiempo comienza a hacer justicia. Pero la historia no termina aquí. La destitución del rector es apenas el primer paso de una refundación necesaria. El IPES debe convertirse en un espacio legítimo de formación, donde la excelencia académica, la ética profesional y el compromiso con los derechos humanos sean pilares innegociables. La memoria de esta lucha debe ser preservada como advertencia y como legado. Porque la verdad, cuando se sostiene con dignidad, siempre encuentra su momento y es revolucionaria.
Es urgente que las nuevas autoridades procedan a auditar las irregularidades, remover a los responsables y garantizar que la formación policial esté en manos de personas íntegras y comprometidas con la reforma. La educación policial no puede seguir siendo un teatro de simulación, donde se gradúan oficiales sin competencias reales, sin ética y sin compromiso. Porque la reforma policial no puede construirse sobre el engaño. Se requiere una transformación estructural: auditorías exhaustivas, expulsión de prácticas fraudulentas y un nuevo liderazgo académico comprometido con el mérito y la verdad.
Hoy, el tiempo comienza a hacer justiciar y como dijera Fidel Castro La historia me absorberá Pero esta no termina aquí.
Por Juan Manuel Morel Pérez
Abogado, docente, Magister en Seguridad y Defensa Nacional, Especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Especialista en Geopolítica, doctorando en Derecho Administrativo Iberoamericano, Coordinador del Observatorio de Seguridad y Defensa-RD.
j.morelperez@gmail.com