El debate que ha opacado todos los problemas tan controversiales como antiguos de los que penosamente adolece el país, es el enfrentamiento surgido en el oficialismo por la modalidad de las primarias, si abiertas o cerradas. Las posturas asumidas por las tendencias que encabezan el liderazgo opositor y el miramiento al que han sido sometidos los legisladores de las Cámaras de la Feria.
Todo escalo a su punto de inflación en el momento que seis diputados opositores, no se presentaron a la sesión y pintoresco es que voceros de uno de los grupos opositores iniciaron la exigencia de expulsarlos de las filas del PRM a esos representantes, porque inmediatamente los acusaron de no asumir la línea bajada por la dirección partidaria.
Lo que obliga a preguntar lo siguiente: ¿Los congresistas representan a los ciudadanos o a los partidos políticos?
Parece ser que inmediatamente un ciudadano pasa a formar parte de las columnas de una organización, debe someterse a lo planteado por el profesor Juan Bosch en su escrito “La mancha indeleble”. Porque apelar a la amenaza de expulsión contra los legisladores que voten contrario a lo impuesto por las cúpulas partidarias, además de antidemocrático; es bastante parecido al cuento de Bosch; entregué su cabeza y cuélguela en la pared.
Que los partidos políticos impongan lineamientos a sus legisladores sin realizar plebiscitos o asambleas con los ciudadanos que los eligieron, para conocer la opinión de los electores que deben representar, es un soberano absurdo; es una postura contraria a las prácticas democráticas y por demás, los asambleístas representan a los electores, no a los partidos.
La sentencia del Tribunal Constitucional 224/2017, establece lo siguiente: “Este tribunal considera que los partidos pueden procurar legítimamente, a través de dialogo y la negociación política, que sus legisladores concurran en la dirección de voluntad acordada por los organismos competentes. Esto no infringe la prohibición de mandato imperativo establecido en el artículo 77.4 de la Constitución, si los legisladores se someten voluntariamente a las directrices y decisiones partidarias, para asegurar la unidad de decisión de los bloques partidarios para la defensa de los intereses colectivos en los cuerpos legislativos. Este es concorde con la función constitucional que el artículo 216 reserva a los partidos políticos para garantizar la formación y manifestación de la voluntad popular, por lo que este medio debe ser rechazado.”
Esta visión constitucional deja claro, que la imposición de líneas que tanto daño le ha hecho a la tan maltrecha institucionalidad del país, no tienen cabida al momento de legislar las leyes que deben regular todo aspecto de la convivencia social. Toda gestión debe ser en procura de los intereses colectivos y la integridad de la voluntad popular, no asumir posturas por visiones de particulares que tratan de imponerlas por su beneficio. Es ilógico plantear la separación de las filas partidarias por no comulgar con una decisión que emane del organismo principal del partido, después de que la sentencia del TSE que reintegró a Guido Gómez Mazara al PRD, estableció un precedente.
Las ideas son las que dan razón de ser a las organizaciones, las cuales generan los debates que enriquecen el quehacer político. Un partido sin disidencia interna no es partido, que no tome en cuenta la opinión de la ciudadanía a la hora de plantear una postura ante los debates congresuales, se encuentra cerrado a la sociedad.
No puede haber democracia sin demócratas, la conceptualización de la misma descansa en la concepción de que el poder debe residir en el pueblo y la dirigencia política debe estar supeditada a las demandas sociales de la comunidad a la que debe representar. No asumir posturas únicamente por la lucha de intereses.
Genera suspicacia las denuncias del porqué de las razones de las posturas de ambos sectores, uno a favor y otro en contra. El consenso desde la perspectiva de la ciudadanía debe primar, el país no puede llegar a otro proceso electoral sin una ley de partidos que regule el accionar de los mismos. El Poder Legislativo es un equilibrio del Estado, no puede ser un ente de discordia y desidia para los dominicanos.
John Locke en su obra “Dos tratados sobre el gobierno civil”, lo explica a la perfección, cito: “La libertad del hombre en sociedad consiste en no verse sometido más que al poder legislativo, establecido de común acuerdo en el Estado, y en no reconocer ninguna autoridad ni ninguna ley fuera de las creadas por ese poder.” Los partidos políticos son expresiones sociales, pero no pueden tergiversar la función legislativa a su imagen y semejanza en prejuicio de la sociedad.
Entiendo prudente concluir con la frase de Pitágoras, cito: “El legislador debe ser el eco de la razón, y el magistrado, el eco de la ley.”
Por; Jesús M. Guerrero