EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El experto vial y analista político Dary Terrero manifestó hoy que la República Dominicana ha enfrentado en los últimos años una de sus «peores pandemias», como son los accidentes de tránsito, y llamó al Ministerio Público a que asuma su rol de investigación en el caso de los siniestro viales que cuestan vidas.
En ese sentido, dijo que «cada día vemos cómo cientos de dominicanos mueren en las vías sin que tengamos hasta el momento las cifras exactas, los datos que puedan demostrar qué está causando esta gran epidemia, y, sobre todo, que nos permita generar políticas que vayan en la reducción de las muertes por accidentes de tránsito en el país».
Precisó que en el año 2017 surgió la Ley 63-17 que rige la movilidad, el transporte terrestre, el tránsito y, sobre todo, la seguridad vial en el país.
Explicó que esa normativa abarca todos los ámbitos de la movilidad y pone especial atención al tema de la prevención de los accidentes y de las causas que los han generado históricamente; una de estas instancias son las unidades técnicas de investigación de accidentes que están contenidas en el artículo 23 y que tiene como propósito esencial hacer un levantamiento forense con relación a la ocurrencia de un accidente y de esta manera permitir llevar un informe que pueda determinar las causas del siniestro.
Terrero detalló que esas unidades están compuestas y dirigidas por el Ministerio Público y tendrán como funciones esenciales llevar a cabo las indagatorias en los lugares donde se desarrolla el accidente, así como recuperar los datos y elementos que prueban la relativa a causa de circunstancia del accidente y, sobre todo, redactar un informe técnico con las explicaciones y relación de circunstancias del siniestro, los cuales podrán ser presentados como elementos de prueba en un proceso judicial y también registrar estadísticamente los accidentes de tránsito, su ubicación, causa de daños materiales humanos y de la propiedad pública y privada.
«Estas unidades estarán dirigidas por el Ministerio Público, es decir, que un fiscal de tránsito será la persona que tendrá a cargo la investigación conjuntamente con la dirección General de seguridad», señaló.
El experto apuntó que, en los últimos días, se ha visto cómo la violencia relacionada a circunstancias de tránsito o a situaciones de tránsito, se ha extrapolado a tener no sólo la violencia en la conducción, sino que «esa violencia ha degenerado en crímenes, en asesinatos y homicidios, como sucedió en el caso de la arquitecta Leslie Rosado», quien murió luego de que su agresor había sido chocado por esta.
Detalló que hasta el momento «no hemos tenido una respuesta oficial con relación al caso de que, verdaderamente, ocurrió un accidente y esta hipótesis se ha descartado única y exclusivamente con el examen médico que se le practicó a la familia del cabo que viajaba con él y que supuestamente fue accidental».
«Al día de hoy no existe un informe elaborado por técnica de investigación de accidente que descarte o confirme esta versión de que Leslie Rosado, si inicialmente tuvo un accidente con su agresor; no se se desconoce el trayecto de dónde salió, hacia dónde iba, cuál fue su destino final».
Puntualizó que se desconocen todos esos elementos que pudieran ser determinantes para, de una vez y por todas, construir una narración fáctica del hecho, que sea totalmente cierta y creíble porque, «al día de hoy, dentro del marco del juicio que se va a llevar con dos individuos, uno agresor y otro que transportó a la persona hasta el lugar donde ocurrió el hecho, «se desconoce las circunstancias que generaron ese hecho, o si fue un mandato a través de un sicariato».
«Hay que decir que en la República Dominicana el tema del tránsito y de los accidentes, específicamente con motocicletas, tiene una dinámica distinta», expuso.
«Es un temor generalizado de los conductores cuando tienen una colisión con un motociclista, porque los tribunales han generado una jurisprudencia de que, todo aquel que tiene un accidente con una motocicleta es culpable, independientemente de la circunstancia y esto hace que los conductores atemorizados abandonen la escena; por eso llamamos a quedar que la Procuraduría General de la República y este nuevo Ministerio Público asuman con responsabilidad el mandato de la Ley 63-17, para establecer nuevos tribunales de tránsito y de agregar más tribunales de tránsito en Santo Domingo y en otras provincias, y sobre todo establecer e implementar de una vez las unidades de investigación de accidentes, que serán las únicas que podrán certificar las condiciones y circunstancias de un accidente», concluyó.-
