Mientras la lucha contra la corrupción esté dependiendo de las decisiones de los tribunales estaremos perdidos. Y no será sólo porque esas medidas puedan favorecer a los acusados, sino también porque el Ministerio Público no siempre haga las cosas bien.
Nos estamos conformando con corretear a los que acusamos de corrupción. Queremos que los tribunales los condenen aún obviando cualquier debido proceso. Y las cosas no pueden funcionar así, pues la verdadera lucha contra la corrupción está centrada en adoptar procedimientos que impidan que quienes manejan los fondos públicos puedan aprovecharse de ellos.
La corrupción, cuando se generaliza, se va perfeccionando tanto que incluso resulta difícil poder atraparla con medios incuestionables de pruebas. Los reclamos condenatorios pueden tener una motivación política, pero no arrojan resultados reales contra los que sustraen los recursos del Estado. La gente asume que frente a un conjunto de hechos una condena ha de ser irreversible, pero el derecho no opera de esa manera.
No es estar a la moda luchando contra la corrupción, es evitar que se roben los recursos.
