RESUMEN
Uno de los problemas persistentes y más corrosivos en la administración pública es la distorsión del principio del mérito.
En muchas ocasiones, en el sistema público, se observa una práctica preocupante donde empleados gubernamentales, que no cumplen con sus funciones y responsabilidades, son protegidos y/o premiados, mientras que aquellos que trabajan con compromiso, eficiencia y ética son ignorados, maltratados o incluso castigados.
Esta singularidad no solo desmotiva al personal, sino que debilita a las instituciones y deteriora la confianza ciudadana en el “gobierno”.
En teoría, el Estado debería ser un modelo de profesionalidad y equidad laboral, donde cuestiones como incentivos, ascensos y reconocimientos, deberían de basarse en el desempeño, la productividad y el impacto positivo del trabajo realizado.
Sin embargo, en la práctica, factores como el favoritismo político, el “amiguismo”, la lealtad partidaria, el “chismoteo” o la simple comodidad administrativa pesan más que los resultados concretos.
Así, el cumplimiento de funciones pasa a un segundo plano frente a intereses ajenos al bien común.
“Premiar” a quienes no cumplen genera consecuencias negativas, que van desde la normalización de la mediocridad, el fomento de una cultura del “mínimo esfuerzo”, el descontento generalizado dentro de la población laboral, hasta crear un efecto negativo y devastador en la motivación de quienes sí hacen su trabajo.
Cuando un empleado observa que su falta de esfuerzo no tiene consecuencias, o peor aún, que sus “vagabunderías” son aceptadas y recompensadas, acelera aún más su mala conducta.
El mensaje gubernamental es claro: el desempeño del empleado, la responsabilidad y la preparación de este, no importan. Cosa que hace que en muchas oficinas gubernamentales el compromiso del empleado se disuelva, y la eficiencia deje de ser un objetivo.
Cuando se ignora, se abusa, o se maltrata a quienes sí hacen su trabajo se crea un patrón donde la insatisfacción trasciende fuera de las oficinas gubernamentales, generalizando la idea de que en el Estado hay un “desorden”, lo que lleva a que la reputación de los funcionarios públicos caiga en picada.
Cuando se favorece al empleado público que, literalmente se duerme en horas laborales, dentro de la institución, no se cambiará la percepción negativa que se tiene del Estado.
Mientras unos roncan, los empleados comprometidos asumen cargas adicionales, resuelven problemas estructurales, y sostienen el funcionamiento real de las dependencias públicas, sin que se valore su esfuerzo y dedicación.
No solo es que, no se reconozca el desempeño de quienes sí trabajan, es el descaro de los “jefecitos” que aun sabiendo quién cumple, se esfuerza y hace un buen trabajo, conscientemente, ignoran lo ético y lo moralmente correcto para beneficiar al “amiguito”.
Actitudes que generan frustración, desgaste emocional, y en muchos casos, la decisión de reducir el rendimiento y hasta abandonar el servicio público, a sabiendas de que hay mucha gente que puede y quiere hacer un gran aporte al sistema gubernamental.
El resultado es la fuga silenciosa de talento y vocación, una dinámica que afecta directamente a la ciudadanía y al bienestar de la nación.
Además, cabe resaltar que, un aparato estatal desmotivado y mal gestionado ofrece servicios deficientes, retrasa tramites, comete errores, responde con indiferencia a las necesidades sociales, y genera malestar general dentro del pueblo.
La percepción de injusticia interna se traduce en ineficiencia externa, reforzando la idea de que el gobierno es “incapaz” de gestionarse a sí mismo, mucho menos a atender o solucionar los problemas de la sociedad.
Imagínese llegar a una oficina gubernamental, a las nueve de la mañana, y encontrarse con que los empleados están “rendidos” durmiendo y roncando como cerdos. ¿Cuál es la percepción qué se tendrá de esa institución? ¿Cuál es la percepción qué se tendrá de quien dirige esta institución?Lo que nos lleva al problema ético y moral que representa la conducta permisiva o justificativa de quienes dirigen. El problema tiene una dimensión ética porque premiar al incumplidor e ignorar al responsable equivale a institucionalizar la injusticia.
Con acciones como esta se rompe el “contrato” moral entre el trabajador y la institución, y se envía una señal peligrosa de que la honestidad, la educación y el esfuerzo no valen la pena.
Asimismo, imagínese que, después de usted trabajar por más de 20 años en el Estado, llega un individuo al que usted no le cae bien, y sin más le despide.
No es que usted no haga su trabajo bien, no es que usted no cumpla, no es que usted no tenga la experiencia y los conocimientos necesarios para realizar su trabajo, es básicamente cuestión de suerte, medalaganerías y coyunturas.
En contextos donde esta “lógica” y conductas se perpetúan, no es extraño que se incrementen prácticas como la corrupción, el nepotismo, el ausentismo y la simulación de trabajo.
Frente a esta problemática, es imprescindible avanzar hacia sistemas de evaluación transparentes, donde se reconozca, se valore y se respete el trabajo del empleado, y se elimine el permisivismo de lo poco ético.
El desempeño en las instituciones gubernamentales debe medirse con criterios claros, y los incentivos deben estar vinculados a resultados reales.
La burla hacia quienes si trabajan debe parar.
Obviamente, se requiere voluntad política para romper con redes de favoritismo, y proteger a quienes sostienen el funcionamiento del Estado con su esfuerzo y trabajo diario.
Hay que dejar la “tapadera” de lo mal hecho.
Para que podamos avanzar como nación necesitamos reconocer y valorar a los empleados que, sí cumplen, no solo por una cuestión de ética laboral, sino como una estrategia fundamental para fortalecer y mejorar las instituciones públicas.
Un gobierno que premia el mérito envía un mensaje poderoso de que el esfuerzo importa, la responsabilidad cuenta, el servicio publico tiene un propósito, y la educación es transcendental.
Pero, mientras se excusen y se “escondan” las conductas de los malos empleados, seguiremos como estamos. El mensaje seguirá siendo el mismo y cualquier reforma gubernamental será superficial.
El discurso sobre eficiencia seguirá vacío. El disgusto de quienes cumplen continuará aumentando, y la reputación, no solo de quienes dirigen, sino del gobierno, seguirá en picada.
Por Carolina Saddler
@saddlerucarolina carolinasaddler@gmail.com