La crisis climática se ha convertido en una de las principales causas de la movilidad humana del siglo XXI. Sequías prolongadas, huracanes de gran intensidad, inundaciones constantes y la degradación de los ecosistemas obligan a comunidades enteras a desplazarse en busca de condiciones mínimas de subsistencia. La República Dominicana, por su ubicación geográfica en el Caribe y su alta vulnerabilidad ambiental, se encuentra especialmente expuesta a este fenómeno. Sin embargo, en el país aún no contamos con un marco normativo que reconozca y regule la movilidad humana en contextos climáticos. Lo que plantea serias interrogantes sobre la protección de derechos fundamentales y la capacidad del Estado para responder a este desafío.
La realidad de la República Dominicana frente a la movilidad climática
El país se encuentra en una posición crítica frente a los efectos del cambio climático y sus repercusiones directas en la movilidad humana. Y si bien, nuestra Constitución garantiza el derecho a un medio ambiente sano y existen leyes protección ambiental, todavía no se ha establecido un régimen jurídico específico que contemple los desplazamientos internos y las migraciones forzadas que nacen de factores climáticos. Esta falta normativa coloca en situación delicada a muchas comunidades y obliga a las instituciones a reaccionar de manera improvisada ante emergencias que pueden y deben contactar con una planificación.
El Global Report on Internal Displacement 2025 ofrece datos reveladores al respecto: solo en 2024 se registraron alrededor de 3 800 desplazamientos internos a causa de desastres. Este indicador muestra que el fenómeno ya está presente en el país y que no se trata de una posibilidad futura, sino de una realidad en curso, lo que implica reconocer que la movilidad climática ya forma parte de los desafíos internos de gobernanza, justicia social y protección de derechos humanos en la isla.
A esta situación se suma el riesgo sobre derechos esenciales como la salud, la alimentación y la vida digna. Miles de personas enfrentan condiciones de vulnerabilidad extrema sin protocolos claros de asistencia y reasentamiento. Aunque existen organismos con atribuciones en materia ambiental y migratoria, la falta de coordinación interinstitucional limita la eficacia de las políticas públicas. Además, la débil capacidad presupuestaria impide anticipar, gestionar y reparar adecuadamente los daños producidos por la movilidad climática.
La República Dominicana requiere con urgencia avanzar hacia la construcción de un marco normativo específico sobre movilidad humana en contextos climáticos. Este marco debe contemplar tanto los desplazamientos internos como las migraciones transfronterizas, incorporando protocolos claros de asistencia y reasentamiento con un enfoque basado en derechos humanos. Ello supone garantizar acceso a servicios básicos esenciales y alternativas económicas sostenibles para reducir el impacto de la movilidad forzada y evitar que esta se traduzca en una crisis humanitaria.
Derecho comparado: experiencias regionales
En América Latina, algunos Estados han avanzado en la construcción de marcos institucionales que enfrentan los desafíos de la movilidad humana en contextos climáticos. Colombia ha dado pasos relevantes mediante la creación del Observatorio de Migraciones, Migrantes y Movilidad Humana, una instancia que produce datos y evidencia para fundamentar decisiones públicas. También implementó el Permiso por Protección Temporal (PPT) dirigido a migrantes venezolanos, constituyéndose en un mecanismo flexible que ha permitido integrar a millones de personas al sistema de derechos y servicios básicos, reduciendo la vulnerabilidad social. Este ejemplo resalta la importancia de diseñar respuestas innovadoras que trasciendan lo inmediato y articulen protección con inclusión.
Por su parte, Brasil ha reconocido la movilidad climática como un desafío estructural y la ha incorporado en su planificación nacional. De acuerdo con la OIM (2023-2024), el país ha desarrollado estrategias de adaptación territorial, programas de desarrollo sostenible y mecanismos intersectoriales de coordinación frente a desastres y desplazamientos internos. Estas medidas reflejan un enfoque integral que asume la movilidad no como un problema aislado, sino como un componente inherente a la gestión de riesgos climáticos y a la protección de comunidades. Las experiencias de Colombia y Brasil, en conjunto, muestran que es posible vincular la movilidad humana a políticas de largo plazo, construyendo sistemas normativos que articulen derechos humanos, justicia ambiental y sostenibilidad, ofreciendo lecciones útiles para el caso dominicano.
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2025 (COP30): el momento decisivo
La COP30, que se celebrará en Belém, Brasil, del 10 al 21 de noviembre de 2025, constituye una oportunidad histórica para colocar la movilidad humana climática en el centro de la agenda internacional. El país, debe aprovechar este espacio para demandar el reconocimiento de la movilidad climática como un tema de justicia ambiental y de derechos humanos.
La movilidad humana inducida por el cambio climático es una realidad que ya impacta al Caribe y que amenaza con intensificarse en los próximos años. sin un marco normativo adecuado, quedamos desprovisto de protección frente a crisis humanitarias sin contar con las herramientas jurídicas e institucionales necesarias para garantizar la protección de la población. De cara a la COP30, resulta indispensable que los representantes dominicanos asuman compromisos firmes, reconociendo la movilidad climática como una prioridad nacional y regional, vinculada intrínsecamente a la justicia ambiental, a los derechos humanos y al desarrollo sostenible.
Fuentes:
División de Migración, Medio Ambiente y Cambio Climático (MECC). (2023, junio 21). Environmental and Climate Mobility in Brazil: Fact Sheet. IOM MECC.
Global Report on Internal Displacement 2025 (GRID). Internal Displacement Monitoring Centre.
Por; Denisse Hartling, abogada e investigadora especialista en derechos humanos y derecho internacional humanitario