RESUMEN
En Bono, durante uno de los Diálogos en tu Comunidad por el Bien Común, muchas madres trabajadoras dijeron lo mismo con distintas palabras, pero con una angustia común: querían estudiar, querían trabajar, querían progresar, pero no tenían dónde dejar a sus hijos pequeños. No se trataba de un problema aislado ni de una queja administrativa. Era una barrera estructural que convertía la maternidad en un obstáculo y la pobreza en una condena heredada.
Una de ellas lo expresó con una frase que quedó grabada: “Yo quiero progresar, pero no puedo dejar a mi niña sola”. En ese momento quedó claro que no hablar de estancias infantiles es, en realidad, no hablar de igualdad de oportunidades.
La situación fue registrada en el Sistema M158 como una vulneración al derecho a la protección infantil y a la igualdad de oportunidades. A partir de ahí, se activó la gestión institucional correspondiente para apoyar la inscripción en estancias infantiles, articular servicios y asegurar acompañamiento a los casos más urgentes. No fue una promesa ni un anuncio: fue una acción concreta, con seguimiento y verificación.
Semanas después, la propia comunidad confirmó el cambio. Las madres contaban con un lugar seguro para sus hijos; podían trabajar o estudiar con tranquilidad; y los niños y niñas estaban protegidos en entornos adecuados para su desarrollo. La solución no fue improvisada ni asistencialista: fue institucional, coordinada y centrada en derechos.
La Constitución Dominicana es clara en este punto. El artículo 56 protege de manera expresa a los niños, niñas y adolescentes; el artículo 55 resguarda a la familia como núcleo fundamental de la sociedad; y el artículo 39 garantiza la igualdad de oportunidades. Cuando estos principios se convierten en gestión pública, la política deja de ser discurso y se transforma en bienestar real.
Esta acción tuvo un impacto directo en más de 3,600 personas y un impacto total superior a las 14,000, confirmando que una estancia infantil no es solo un servicio social: es una inversión en el futuro, en la autonomía de las mujeres y en la dignidad de las familias.
Cuando la comunidad habla y el Estado responde, la esperanza deja de ser abstracta. Se organiza, se protege y se multiplica. Eso es, en la práctica, el Estado que funciona.
Por Pablo Ulloa