RESUMEN
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado Jean Cristofer Pérez criticó la supuesta falta de acción de las autoridades ante el caso de Nicolás Peña Ramón, quien se quitó la vida tras un año de impunidad en el asesinato de su madre, Nicauris Ramón.
Pérez indicó que la familia Ramón sostiene que la ausencia de justicia ha cobrado ya dos víctimas, mientras que el presunto responsable del crimen sigue prófugo.
“El joven Nicolás Peña Ramón, que acaba de tomar esta decisión tan drástica, parecía estar atravesando una situación depresiva. No buscamos juzgar sus razones, pero no podemos ignorar el contexto que denuncian sus familiares”, señaló.
El abogado expresó su preocupación por lo que describió como un sistema de justicia inalcanzable para los sectores más vulnerables.
“Cuando la gente es pobre y no tiene 20 o 200 mil pesos para pagarle a las autoridades para que ejecuten una orden de arresto, entonces quedan sin acceso a la justicia. Esto es una denuncia grave que refleja la realidad dentro de la Dirección Central de Investigaciones (Dicrim). Es una verdad incómoda que algunos agentes de esta institución actúan de manera selectiva”, afirmó.
Jean Cristofer Pérez se expresó en esos términos junto a las comunicadoras Katherine Rodríguez y Nathaly Sánchez, en el programa “El Nuevo Diario los Sábados”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.
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Pérez subrayó que la justicia debe ser gratuita y equitativa para todos. “Es muy lamentable que los casos más visibles sean los de personas con influencia o recursos económicos, mientras los pobres quedan desprotegidos. La tragedia de la familia Ramón es un ejemplo de las fallas estructurales de nuestro sistema”.
El abogado también mencionó otros casos similares, como el de un dirigente político atacado en Santo Domingo Este, donde, a pesar de las órdenes de arresto contra los culpables, las autoridades no han actuado.
“Si la víctima no tiene acceso a los medios de comunicación, influencia o dinero, su caso queda en el olvido”, dijo.
Pérez hizo un llamado a incluir este tipo de situaciones en la agenda de la reforma policial. “Es necesario que la Dirección Central de Investigaciones mejore su capacidad de acción. Entendemos que los hechos delictivos superan su capacidad operativa, pero los casos no pueden seguir quedando impunes. La justicia debe ser un derecho para todos, no un privilegio para quienes pueden pagarla”, indicó.
