RESUMEN
Una Llamada de Acción en favor de la Comunidad Jurídica Nacional
El limbo por el que atraviesa el Colegio de Abogados, que hoy en día mantiene alrededor de 78,395 abogados en vilo, sin saber qué hacer cuando se requiere atención a una urgencia nacional, nos lleva a preocuparnos como abogados y miembros de la comunidad jurídica nacional.
Para nadie es un secreto que la funcionalidad del Colegio de Abogados nunca ha existido; nunca ha sido algo de lo que los abogados puedan sentirse muy orgullosos. No obstante, ocurre en el CMD o ADP. La comunidad jurídica nacional ha vivido una serie de procesos eleccionarios funestos, desórdenes generalizados, acusaciones a pasados presidentes por desfalcos, distorsión de la realidad de lo que ocurre, burocracia en las atenciones y limitación en los recursos a distribuir en beneficio del colectivo jurídico.
¿Por qué quienes han sido parte del desorden durante años hoy quieren perpetuarse en el poder? El Colegio recibe de forma anual un presupuesto que puede resultar atractivo para algunos que solo buscan lucrarse a través de su interés por ser presidente a nivel nacional del CARD, un presupuesto que nunca se ha distribuido de manera correcta a las seccionales; convirtiéndose en un barril sin fondos que nunca ha sido fiscalizado ni sometido a auditorías por los organismos del Estado, debido a la oposición de los incumbentes que han pasado por ahí, o que, alegando la no competencia de estos organismos, han intentado crear temor y descrédito a las instituciones públicas ante el intento de auditar las oficinas y cuentas del Colegio de Abogados.
A nivel nacional, no se cuenta con una casa club que los abogados puedan disfrutar por su membresía, como ocurre en otros países, como es el caso de Costa Rica. A nivel de seccionales, muchos presidentes, hoy pasan por el viacrucis de que tienen que pagar oficinas para que desde ahí opere el Colegio de Abogados, incurriendo en el pago de esos locales por su cuenta. Presidentes que, para lograr que la formación académica no se detenga, tienen que incurrir en solicitudes de favores a amigos y docentes para que, de manera gratuita, ejecuten esos talleres de formación, sin enumerar las asistencias sociales realizadas a través de sus recursos.
Es inhumano que los abogados no cuenten con un seguro médico digno, ni con un buen plan fúnebre ante un posible fallecimiento, ni con la debida protección ante la presentación de conflictos que puedan presentarse ante cualquier autoridad que, en el ejercicio de sus funciones, se atribuya mayores competencias que aquellas que le confiere la ley, llegando a abusar y limitar el libre ejercicio de la abogacía nacional.
Una de las situaciones que más nos preocupa es la dejadez con la que los administradores de justicia actúan, lo que genera dilación en lo relativo a las soluciones procesales que pueden darse para conocer de manera oportuna los procesos referentes a definir el rumbo del Colegio de Abogados y su presidente nacional. Siendo claros de que todos los que componen los escalafones de la justicia son parte de este, u están obligados a matricularse a los fines de la ley 3-19.
Por Sabdy Lemuel Guerrero Pimentel