A menudo, observamos cómo surgen avances tecnológicos significativos en nuestro país.
Algunos son positivos por sus efectos y aportes, pero otros son explotados por el crimen organizado y redes delictivas, lo que perjudica y erosiona el ecosistema económico debido a vacíos en el marco legal actual.
En 2024, las remesas representaron el 8.4% del Producto Interno Bruto (PIB) de República Dominicana, según datos publicados por el Banco Central. En el contexto de una economía en crecimiento y un sector turístico en expansión, plataformas de intercambio (P2P) y casas de cambio digitales, que permiten la conversión de divisas sin controles estrictos, se han convertido en prácticas habituales, especialmente en zonas turísticas, evidenciando la falta de controles efectivos.
El Black Market Peso Exchange (BMPE), o «mercado negro de cambio de pesos» en español, tiene como único propósito blanquear dinero obtenido de actividades delictivas, especialmente relacionadas con el narcotráfico. En nuestro país, el uso de criptomonedas está emergiendo como un medio ideal para movilizar estos fondos, dado que no existen mecanismos claros y efectivos para regular y sancionar su uso ilícito. A través de estos esquemas de lavado, se realizan diversas operaciones, como la compra de bienes y servicios para generar movilidad y beneficios para quienes dirigen estas actividades. También es común el uso de cuentas bancarias para retiros múltiples y la figura del testaferro digital.
Estas modalidades no son nuevas en el país, debido a la alta capacidad de recepción de remesas y la facilidad para intercambiar divisas entre ciudadanos de las 32 provincias y personas de otras partes del mundo. La Ley 155-17 establece sanciones que podrían considerarse significativas, pero son ambiguas en cuanto al ciberlavado derivado del BMPE y las criptomonedas, que operan en un área gris debido a la falta de esquemas de sanciones claramente definidos.
La ausencia de normativas específicas dificulta el rastreo de transacciones delictivas. Por ello, es crucial fortalecer la Ley 155-17 con reformas que aborden este problema. Es necesario establecer un marco legal claro que exija a las plataformas P2P y casas de cambio digitales cumplir con normas estrictas, implementar controles rigurosos para los proveedores de servicios de criptomonedas, adoptar tecnologías modernas para rastrear actividades delictivas y fomentar la cooperación internacional. Asimismo, es fundamental vigilar de cerca las zonas de mayor riesgo, como las áreas turísticas.
Por Sabdy Lemuel Guerrero Pimentel