RESUMEN
Desde los primeros casos, las autoridades sanitarias de la Ciudad de Wuhan, República Popular China, apreciaron estar de cara a un fenómeno de salud. Una enfermedad infecciosa, transmisible provocada por un microorganismo desconocido. Se revelaba algo nuevo.
No se equivocaron, antes de controlarlo se acumularon alrededor de 80,000 víctimas con más de tres mil personas fallecidas, se desbordó la capacidad resolutiva de los servicios de salud. Mientras esto ocurría la ciencia aisló el virus, estudió la estructura molecular, secuenció la cadena genómica, observó la velocidad de contagio y las circunstancias apropiadas en las que se producía, y, lo más importante, definió la estrategia para controlarlo.
Efectivamente, al comunicar el hallazgo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), habían identificado al SARS-Co2 como el virus agente causal de la nueva enfermedad denominada, COVID-19; además, que afecta al sistema respiratorio inferior produciendo un proceso infeccioso viral de diversos grados de severidad, pudiendo hasta ocasionar una neumonía y llevar a la muerte al paciente que la padece, por suerte en el menor de los casos.
Asombrados los científicos por la velocidad de propagación del virus en los conglomerados humanos de la mega metrópoli, concluyeron que la única alternativa para detenerlo es implementando estrategias de inmovilización y aislamiento poblacional. El mundo fue testigo del trauma del aislamiento de millones de persona, de la angustia por la cuarentena de los portadores y del confinamiento obligatorio de los enfermos.
Pero, a la vez, del cierre de fronteras para disminuir la expansión global; de la supresión de las libertades civiles como las de tránsito y asociación para lograr el confinamiento social de las personas sanas; del cerco de ciudades completas para evitar la expansión al interior del país; y por supuesto, de la detección y confinamiento de portadores sanos, enfermos leves y graves para evitar contagio a otras personas.
En conclusión, con la consciencia de encontrarse frente a una crisis de carácter sanitario, las autoridades chinas diseñaron una estrategia centrada en el rescate de la capacidad del sistema para garantizar la salud de las personas. Para implementarla se fundamentaron en su modelo político determinante de la dinámica del Estado, el carácter de la cultura, y la capacidad del modelo económico para otorgar seguridad y alimento a la población durante el paso de la pandemia.
Los resultados no se hicieron esperar, la curva de contagios declinó abruptamente, y en apenas tres semanas pudieron anunciar al mundo el control total de la pandemia en su territorio.
No les fue posible a las autoridades sanitarias del milenario país, evitar la propagación de la enfermedad a otros continentes, Europa y América entre estos; pero, a pesar de conocer la estrategia, las autoridades sanitarias de los países que lo integran, no han podido contener el avance de la enfermedad en sus territorios. Es de esperar, que una perspectiva estratégica diseñada con el propósito de preservar los medios del desarrollo, las acciones implementadas hayan sido ineficaces para adelantarse a la velocidad de contagio del virus en la dinámica estructural del movimiento humano en las metrópolis de la postmodernidad.
Cuando el COVID-19 llega a las puertas del país, el primer día del mes de marzo, ya es conocido por la población a partir de los preparativos para la capacitación del personal de salud iniciada a propósito de la declaratoria de la emergencia sanitaria mundial por parte de la OMS.
En ese momento, la epidermis de los sectores social, y político opositores del país estaba reactiva ante las iniciativas gubernamentales, por considerar a estas responsable de la interrupción del proceso electoral del pasado 16 de febrero, y, aunque este es programado para mediados de marzo siguiente, no disminuye la presión producida por el desbordamiento de las pasiones emanadas por los intereses políticos en competencia por el control del Estado.
En estas circunstancias, no se dan las condiciones sociales subjetivas para implementar acciones desde la esfera gubernamental con el propósito de contener la pandemia a partir del momento del diagnóstico del primer paciente COVI-19 positivo; por lo que no había restricción para efectuar actividades recreativas y sociales, ni para aglutinar simpatizantes en el tramo final de la campaña electoral, quedando fértil el terreno para la diseminación comunitaria del virus SARS-Co2. Implícito quedaba, salvar la democracia a pesar del riesgo de la expansión comunitaria del virus.
Es de sobra conocido, que connotadas figuras afectadas por el COVID-19 estuvieron involucradas en actividades sociales, recreativas y políticas en la que se congregaron grupos humanos en las primeras dos semanas del mes de marzo; y que las provincias con mayor concentración de víctimas de la enfermedad fueron las de mayor actividad política en el último tramo de campaña. Es como si, los afectados por el virus y su diseminación comunitaria fuera el costo por salvar la democracia.
Existen comprensivos sentimientos de pánico y angustia por el avance del COVID-19 en el país, y por el conocimiento en tiempo real del desastre humano que está produciendo en las grandes potencias del mundo; pero, es lógico concluir que, si el avance del COVID-19 se produjo por debilidades circunstanciales al momento político, propicias para la velocidad de contagio del virus, es necesario evaluar la efectividad de las medidas implementadas por el Presidente a partir de los resultados, vistos a dos semanas de implementación, para luego, valorar la pertinencia o no de fortalecerlas.
Por: Roberto Lafontaine