EL NUEVO DIARIO, COLOMBIA.- El sociólogo José Norbey relata que las expectativas de tener un buen empleo, generar mayores ingresos y vivir de manera libre cayeron con la llegada del Covid 19 a la nación colombiana y junto a ellas, la ilusión de un mejor futuro.
“Sueños de tener también una vivienda, incluso de formar un hogar, todo eso, pues se fue abajo y todo lo que tiene que ver con la vida personal y emocional de nosotros”, declaró Norbey. Contra el piso se derramó la desesperación de microempresarios propietarios de negocios familiares, y la incertidumbre de jóvenes cuyo futuro se volvía cada vez más turbio.
Tales reacciones no eran fortuitas, pues datos estadísticos del medio La República revelaron que la caída de la economía provocó que más de 4,1 millones de personas estuvieran desempleadas a enero del 2021 y que miles de empresas cerraran por el confinamiento que se aplicó como medida preventiva del virus.
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Una desigualdad que llama a artistas y grupos sociales a protestar
A raíz de la crisis desencadenada por la pandemia, el gobierno buscó implementar una reforma tributaria para equilibrar la economía en el país, pero el alza de impuestos en un ambiente tan incierto hizo que las protestas en Colombia no tardaran en estallar. Norbey expone que la población no solo buscaba la eliminación reforma, sino que se incluían otros asuntos denunciados por años que se derivan de la desigualdad existente en Colombia.
“No se veían avances en la implementación, el desempleo es una olla de presión, la educación también. Se pedía más acceso a la educación y que se escucharan los problemas en que se venía dando ese desempleo rampante, desigualdades sociales, más pobreza (…)”, mencionó el también vicepresidente de la Federación nacional de sociología colombiana.
Luego de que el 25% de la clase media cayera en la pobreza por las dificultades que acarreó el Covid 19, las protestas se intensificaron y captaron la participación de un mayor público, en especial jóvenes y adultos de distintas edades, en su mayoría pertenecientes a la clase media.
Esta ola de manifestaciones junto al Covid 19 agudizó el contexto social en Colombia. A la creciente desigualdad se agrega la intervención de grupos vandálicos que son incluidos por el gobierno en su discurso para impedir que las protestas continúen desarrollándose, afirma Norbey.
Desigualdad colombiana: indicadores y estratos
El sociólogo Norbey compartió los principales criterios a partir de los cuales se mide la desigualdad en Colombia. Entre ellos se encuentra la educación, los servicios de agua potable, servicio de alcantarillado, y servicios de electricidad. “En las zonas rurales no hay agua potable y no hay servicio de alcantarillado, usted va al monte a hacer sus necesidades, y el agua usted la toma de un río, y no hay luz, no hay electricidad”, relató.
El índice de Gini, medida de desigualdad a nivel mundial, posicionó a Colombia como el segundo país de América Latina con mayor nivel de desigualdad el pasado 2020.
Este indicador se calcula de cero a uno, entre más cerca del cero es menor el nivel de desigualdad. Colombia pasó de un 0,526 en 2019 a 0,544, mostrando un aumento progresivo y manteniéndose entre los países más desiguales de Latinoamérica.
Gráfico 2
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La desigualdad también se enmarca a través del acceso de cada estrato social a los servicios públicos. Según el sociólogo Norbey, los estratos no solo definen el estatus de los individuos, sino también el acceso a oportunidades de empleo, educación y vivienda.
Y no solo existe la desigualdad a nivel monetario, sino que también los bienes materiales de cada estrato están muy marcados en Colombia. Vivir en una casa de madera o zinc implica pertenecer al estrato 0, mientras los estratos más altos pueden tener casa propia con sus documentos legalizados, comentó el sociólogo.
El economista colombiano Camilo Rodríguez manifiesta que la desigualdad en su país también escala al nivel empresarial. “La falta de acceso de crédito a las empresas, y la promoción de una economía rentística (de las rentas públicas), ha generado desigualdad empresarial y concentración financiera”, afirmó.
A pesar de ser exonerados del pago de servicios básicos por la Constitución de 1991, los que pertenecen al estrato 1, 2 y 3 también disponen de dificultades para recibir una formación profesional, pues la familia no dispone del dinero necesario para costear los gastos universitarios ni la matrícula, que puede llegar a ser incluso más cara que la de universidades estadounidenses.
Esto ha provocado que entre las solicitudes de los protestantes se encuentre el establecimiento de la matrícula cero en instituciones de educación superior pública y subsidios para que los estudiantes puedan continuar su formación en instituciones de educación superior privada.
El incremento de la deuda pública pone en jaque la administración de la economía colombiana, lo cual impide al gobierno poder cumplir con el pliego de exigencias de la población y limita la administración de los fondos del Estado.
Colombia, uno de los mayores deudores externos en Latinoamérica
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Para abril del 2021, la deuda externa en la República de Colombia contaba con un monto de US$157.172 millones, lo que representaba el 51,9% del Producto Interno Bruto (PIB). Esta cifra refleja un incremento del 2,3% frente al mes de marzo, cuando alcanzó US$153.628 millones, lo que equivalía al 50,8% del PIB, según datos del Banco de la República.
Para el 2019, de acuerdo con el Banco Mundial de Colombia ocupaba el tercer puesto con mayor deuda externa, puesto que pasó de US$46.761 millones en 2008, a un monto de US$134.940 millones en 2019, presentando un endeudamiento del 188% en los últimos 10 años. Colombia junto a República Dominicana, Costa Rica y Colombia son los países que encabezan el ranking de las economías que más han incrementado sus obligaciones en la postrera década en Latinoamérica.
Julián Arévelo, decano de economía de la Universidad Externado de Colombia, comentó al periódico La República que el endeudamiento en Colombia está alineado a los proyectos de progreso del país en materia de infraestructura en las zonas rurales o en la educación.
También, señaló que el crecimiento de la deuda no se ha visto acompañado de la recaudación de impuestos o los ingresos por las exportaciones, lo que ha llevado al Estado a reducir su capacidad de respuesta frente a los compromisos de la deuda externa.
Antecedentes de una deuda externa que va en aumento
La deuda externa de Colombia ha estado presente durante muchos años, sin embargo, ésta ha tenido un mayor aumento a partir del siglo XXI.
El presidente electo en el 2018, Iván Duque, tenía un gran reto frente a la situación que poco a poco se apoderaba de Colombia tras el aumento progresivo de la deuda externa. Para ello, él utilizó al mismo ministro de hacienda que utilizó Álvaro Uribe entre su primer y segundo gobierno, Alberto Carrasquilla.
El gobierno de Duque inició su plan de recuperación económica del país aprobando dos reformas tributarias denominadas ley de financiamiento y ley del crecimiento. Éstas buscaban, según lo que explicó el gobierno, hacer visible el crecimiento económico del país.
Las reformas trajeron de la mano una gran confusión y controversia en la población, ya que las mismas consistían en eliminar el impuesto a las personas de mayor rango económico. La justificación que se tenía de esta era que, según algunos sectores y expertos económicos, si a los ricos se les hace más ricos, como un vaso que se llena de agua y se rebosa, al final ese rebosamiento se traduce en mayor inversión en la economía, empleo y mayor productividad y consumo. Sin embargo, el desempleo de Colombia no hizo más que aumentar en el 2019, por lo que este plan no resultó.
La Ley de Crecimiento (aprobada en el 2019) consistió en una reforma tributaria que incluyó la devolución del IVA para hogares vulnerables, la exoneración del IVA durante tres días al año, y la reducción en aportes de pensionados.
A pesar de ello, el recaudo en Colombia como porcentaje del PIB sólo alcanzó un 19,3%, un nivel muy inferior al recaudo promedio de los países que componen la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (33,8%).
Aunque estos planes no lograron cambiar el ritmo de la economía y la desigualdad colombiana, algunos puntos favorecieron el primer año de Duque en el poder. En una entrevista realizada al estadista colombiano Yamil Cure, éste explicó que hubo un crecimiento significativo del PIB en el 2019, con un 3.3% gracias a los recursos naturales del país.
Aunque algunos problemas aún latían por toda Colombia, las proyecciones para el 2020 habían mejorado, y se esperaba que, así como estas cifras del PIB y la deuda externa se estabilizaran, también lo haría los otros problemas de gran índole, como son la desigualdad y la tasa de desempleo. Pero esto no sucedió.
La deuda y la pandemia
En 2020 con la propagación del Covid-19, Colombia se sumergió en una gran crisis económica que le dificultó cumplir con los plazos de la deuda y sobrellevar el creciente gasto fiscal. Sin embargo, el gobierno respondió de forma inmediata y tomó medidas para proteger a sus ciudadanos y los medios de subsistencia, así como para apoyar a los diferentes sectores económicos.
Una de las políticas más importantes a nivel nacional ha sido la concentración de los recursos económicos dirigidos a atender la emergencia sanitaria y económica en el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME).
En primera instancia se estableció en el Decreto 417 de 2020 una estimación de los recursos necesarios para atender la emergencia, que fue de $4,9 billones, donde el 93% correspondería al sector de la salud, pero para finales de octubre del 2020 se disponían de 25,5 billones de acuerdo con el presupuesto COVID 2020 citado en el informe “Medidas económicas del Gobierno nacional para mitigar los efectos del COVID-19”.
Para el corte del 8 de junio del 2021, del FOME se habían desembolsado 32,3 billones de pesos de los 40,5 billones, es decir un 77% de sus recursos, quedando un saldo de 9,2 billones de pesos. Los recursos se desembolsaron en diferentes sectores, como el de salud, ingreso solidario, subsidios a la nómina, transferencias a programas sociales, entre otros.
Desde los inicios de la pandemia, el gobierno de Colombia ha dispuesto portales web institucionales para informar a los ciudadanos sobre las incidencias del Covid-19. A pesar de reflejar los presupuestos y montos invertidos del FOME en distintas páginas web institucionales, no se detallan los rubros de gastos específicos ni se presentan lineamientos que definan las actividades que realizan las empresas contratadas.
En relación con el gasto efectivo de los recursos, no existe un reporte detallado de su destinación específica, por lo que para tener una aproximación es necesario investigar muy a profundidad en las páginas oficiales de consulta pública, a través de las cuales resulta imposible saber el gasto detallado.
Las medidas no fueron suficientes para estabilizar la economía del país
Las acciones realizadas por el gobierno colombiano no fueron suficientes para salvaguardar la economía y mantener la estabilidad que existía antes de la coyuntura. Diferentes sectores económicos se vieron afectados por una de las mayores recesiones de la historia, presentando una caída del Producto Interno Bruto (PIB) de un 6,8% en el 2020, de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE).
De acuerdo con la DANE, la actividad económica que más contribuyó al decrecimiento anual de 2020 fue el Comercio al por mayor y al por menor; la reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y Almacenamiento; alojamiento de servicios de comida; que provocó el decrecimiento en un 15.1% y contribuyó con -3,0 puntos porcentuales a la variación anual del valor agregado.
Además, datos ofrecidos por el periódico La República revelan que entre enero y octubre del 2020 cerraron hasta 509,370 micro negocios, mientras que en un periodo similar 58,000 locales cerraron sus puertas, solamente en Bogotá.
A su vez, la encuesta de Pulso Social del Dane expuso que 2,3 millones de hogares pasaron a alimentarse de solo dos comidas al día y que el 69,8% de los jefes de hogar no tiene posibilidades de ahorrar parte de sus ingresos, mientras el 19% restante ni siquiera cuenta con ellos, sin mencionar el alza de precios en alimentos de la canasta básica que agudiza la realidad de los colombianos sin empleo.
Gráfico índice del consumidor
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Otros sectores de la economía que se vieron afectados fueron la Industria que presentó una contracción de 8% y las exportaciones que cayeron en un 52,3%. Además, el dólar estadounidense ganó un valor de $218,25 (pesos colombianos), pasando a valer de $3.277,14 en enero a 3.495,39 en diciembre, así lo informó el periódico La República a través de su portal web.
Influencia de la deuda externa en la reforma tributaria
Según el estadista Yamil Cure, uno de los factores por los que aumentó la deuda de Colombia fue la falta de recaudación de impuestos a las empresas y microempresas durante el 2020. “Por eso fue que la deuda de Colombia aumentó, debido a que no hubo como pagarla, ya que no hubo recaudo de impuestos en el 2020, porque la mayoría de los negocios estuvieron cerrados”, dijo Cure.
Ante la crisis económica que afronta Colombia por la expansión del Covid-19, ha tenido que recurrir a la solicitud de préstamos y créditos para sobrellevar los gastos de la pandemia y mantener suficiente liquidez internacional como seguro contra riesgos externos elevados. En diciembre del 2020 Colombia realizó un desembolso de la Línea de crédito flexible (LCF) con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por un monto de aproximadamente de US$5.400 millones, cerca de 2% del PIB.
De acuerdo con el Banco de la República de Colombia, el saldo de la deuda externa corresponde principalmente a préstamos y a títulos de deuda. El 86% de lo acumulado a marzo del 2021 (US $153.628), se debía a créditos con vencimiento original mayor a un año y el 14% a créditos con vencimiento igual o menor a un año.
Gráfico Deuda externa para marzo 2021
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El continuo aumento de la deuda externa y el impacto que ha tenido la pandemia llevó al gobierno colombiano a repensar el sistema tributario del país, de modo que se planteara uno que pudiera aumentar los ingresos fiscales. Por tal razón, en abril del 2021 se propuso desde el Estado la “Ley de Solidaridad Sostenible”, la cual era una reforma fiscal que incluía el gravamen del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para los servicios públicos de los estratos más altos, ampliar la base tributaria, crear un fondo para hacer frente al cambio climático y un impuesto para plásticos de un solo uso.
Esta reforma tributaria buscaba recaudar alrededor de 25 billones de pesos, lo que equivale a 6.850 millones de dólares, cerca de un 2% del PIB. También, proponía que a partir del 2022 quienes ganaran más de 2,4 millones de pesos mensuales (US$663) debían declarar impuestos de renta, lo cual fue rechazado por los sindicatos, ya que en el país el sueldo mínimo es de 248 dólares.
El 74% del recaudo de la reforma hubiera provenido de personas naturales y las empresas, lo cual fue fuertemente criticado y generó el descontento en la población, debido a que afectaría sobretodo a la clase media.
Esto provocó que el pueblo colombiano saliera a las calles a manifestarse en contra de la implementación de la reforma fiscal y a favor de la renuncia de Alberto Carrasquilla, ministro de hacienda en ese entonces. Esto se concretó el 2 y 3 mayo respectivamente, cuando el presidente Ivan Duque cedió ante la presión de las continuas protestas, renunciando Carrasquilla. un día después del anuncioEl dilema de la Ley de
Solidaridad Sostenible
‘‘En este gobierno llevamos tres reformas tributarias (…) y en julio van a presentar una cuarta. De las cuales dos se aprobaron. Han aprobado impuestos dos veces en un gobierno que lleva tres años, y van a pasar a una tercera’’, así explicó el estratega político Camilo Marín, que aun siendo de la ‘‘ola progresista’’, no pensó que las protestas se extenderían por tanto tiempo.
A pesar de que ‘‘los impuestos eran para los estratos 4,5,6 que iban a pagar los servicios más caros para poder subsidiar a los estratos 3, 1 y 2’’, según explicó la periodista María Eugenia, las razones del gobierno para aplicar más impuestos a los colombianos fueron vistas como injustas, así lo expresaron los encuestados para esta investigación pertenecientes al estrato medio (4).
Los participantes de la encuesta afirmaron en unanimidad que no estaban a favor de la implementación de esta reforma tributaria, y que el gobierno de Iván Duque ‘‘procura el interés de grupos económicos particulares” que consideran desfavorables para la masa pobre.
A partir de las opiniones de expertos consultados, la puesta en marcha de la tercera reforma tributaria, ya desmantelada, podría provocar un estallido social similar o peor al que se experimenta en estos días, donde los colombianos han tomado la iniciativa hacia un nuevo porvenir. Tal y como afirma Marín, esta situación ha causado la renuncia protocolaria de los tres ministros Miguel Ceballos, Carlos Holmes Trujillo, y la canciller, Claudia Blum, hecho nunca antes ocurrido en Colombia.
¿Qué se necesita pasar para que la situación de Colombia mejore?
Colombia se enfrenta a conflictos políticos, económicos y sociales que repercuten negativamente en la calidad de vida de sus residentes, principalmente en quienes se encuentran en la estratificación más baja. Erradicar esas problemáticas y subsanar el desgaste emocional de una población decida al cambio es un trabajo que le concierne al gobierno, que parece desconectado de las exigencias sociales y se muestra ‘‘completamente sordo’’, como dijo el filósofo Marín.
Pese a que las propuestas para solucionar las dificultades actuales pueden ser consideradas como ‘‘materia presidencial”, Norbey admitió que junto a su equipo ha pensado en posibles maneras de crear oportunidades para los jóvenes, que a su vez, dinamizarán la economía.
‘‘…Yo creo que uno de los principales problemas a resolver para salir del subdesarrollo es fortalecer el campo. Es crear las condiciones necesarias para que más gente de las ciudades, sobre todo profesionales, vean la opción de producción agrícola como algo rentable’’, dijo el sociólogo.
La estrategia que propone el sociólogo Norbey se centra en la transformación del campo para impulsar un cambio estructural en la economía, de modo que los de ‘‘mentalidad moderna’’ se acerquen a las producciones agrícolas y adopten las pautas para trabajar organizadamente en los cultivos, ya que los alimentos siempre generarán demanda, tanto dentro de Colombia como en el extranjero. Consideró que la producción fluida generará beneficios económicos en varios sectores del país.
Otra de las propuestas de Norbey es activar una política pro-vivienda, que se especialice en disminuir los precios de alquiler para asegurar el acceso a una vivienda digna y propia. El déficit habitacional que enfrenta Colombia coloca al ‘‘36,6% por ciento de los hogares, lo que equivale a 1,3 millones de familias y 18,2 millones de personas” bajo la necesidad de una vivienda construida con los materiales y condiciones adecuadas de habitabilidad, según un estudio realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
Igualmente, los ciudadanos colombianos que participaron en la encuesta que se realizó con el fin de obtener y contrastar datos para esta investigación, expresaron sus pareceres y coinciden con Norbey en que para que la situación de Colombia mejore es indispensable fomentar empleos. Así mismo, opinaron que se debe disminuir la informalidad laboral, promover el sector agropecuario, y sobre todo, desarticular la corrupción en el escenario político.
Una de las encuestadas, habitante de Santander (que prefirió mantener su nombre bajo anonimato), señaló que uno de sus deseos para estimular el cambio es que los gobernantes sean elegidos desde un discernimiento crítico y que sean los jóvenes los que tomen acción para desmantelar la orientación política que se ha concentrado el poder del país hace más de 20 años.
Aún con un gran listado de propuestas de diferentes expertos y ciudadanos, Colombia se encuentra sumergida en una incertidumbre que se debate entre la estabilidad del gobierno, las demandas del pueblo y el equilibrio de la economía de una nación desigual.
Equipo de investigación: Pedro Santana Cristina Meléndez Xiara Paulino Denisse Castillo
Investigación supervisada por la Dra. Esmerarda Montero-Vargas, en el marco de la asignatura Periodismo de Datos. Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC).
