EL NUEVO DIARIO, SAN SALVADOR. – Una corte penal de El Salvador sobreseyó este viernes el proceso penal que enfrentaba el diputado Arturo Simeón Magaña por el cargo de homicidio culposo después de que concilió con la familia de una persona fallecida en un accidente de tráfico que protagonizó en agosto de 2020.
«La ley ha prevalecido» y «hoy finalizamos con un sobreseimiento definitivo. Finalizamos dándole la cara al pueblo salvadoreño por los errores cometidos, obviamente son errores culposos», dijo Magaña a la prensa tras una audiencia.
De acuerdo con medios locales, el diputado de la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha) acordó el pago de 20.000 dólares a la familia de la víctima para concluir el proceso.
La Asamblea Legislativa de El Salvador retiró, en noviembre pasado, la inmunidad constitucional al diputado para que enfrentara el proceso.
La propuesta de una comisión especial de antejuicio para desaforar a Magaña fue avalada con los votos de 71 diputados presentes en la sesión plenaria, de los 84 que forman el pleno del Congreso.
Magaña se ha mostrado crítico de su partido y cercano a las políticas del Gobierno de Nayib Bukele y del oficialismo.
La referida comisión concluyó que «se evidencia la irresponsabilidad e imprudencia notoria del indiciado al ocasionar el accidente de tránsito que ocasionó la muerte del joven José Francisco Moya Aguilar».
De acuerdo la Fiscalía, entidad que solicitó el retiro de la inmunidad constitucional, la víctima acompañaba al legislador al momento de verse involucrado en un accidente de tráfico en una zona exclusiva de la capital salvadoreña.
El fiscal Raúl Melara denunció la falta de prontitud de la Policía Nacional Civil (PNC) en realizar algunas diligencias en el caso del diputado Magaña y también lamentó que una jueza se negara a realizar una prueba de alcohol al legislador, mientras se encontraba en un hospital con custodia policial.
El caso de Magaña llevó al fiscal Melara a pedir a los diputados a reformar la Constitución para retirar la inmunidad a los funcionarios para que puedan enfrentar a la Justicia por delitos comunes.
«Es la oportunidad para que los diputados puedan analizar esa reforma de que los funcionarios no tengamos fuero por delitos comunes. No debería de existir esa limitante para que se cree, en algunos casos, impunidad por parte de algunos servidores públicos que han cometido delitos», señaló.
La legislación salvadoreña establece que el presidente, diputados, jueces del Supremo, ministros, fiscal general y otros funcionarios responderán a la Asamblea Legislativa por los delitos oficiales y comunes que cometan.
