RESUMEN
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.– Pasadas las 12:00 de la medianoche de este jueves, la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificó las medidas de coerción impuestas a todos los imputados en el caso de presunto desfalco millonario al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), cuyo monto supera los RD$15 mil millones, según la acusación del Ministerio Público.
En el caso de Santiago Hazim, exdirector de SeNaSa, así como de Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo y Ana Ledesma Ubiera, el tribunal confirmó los 18 meses de prisión preventiva dictados en su contra.
Asimismo, el tribunal confirmó las medidas impuestas al empresario Eduardo Read Estrella, así como a Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes continuarán bajo arresto domiciliario e impedimento de salida del país. En el caso de Acosta Sención y Pineda Perdomo, se mantiene además una garantía económica de RD$100,000 para cada una.
La decisión fue adoptada por los jueces Isis Muñoz, Teófilo Andújar y Luis Omar Jiménez, quienes determinaron que no han variado los presupuestos que dieron origen a la imposición de las medidas de coerción dictadas por la Oficina de Servicios de Atención Permanente de esta jurisdicción.
De acuerdo con el Ministerio Público, el presunto entramado habría desfalcado al SeNaSa con más de 15 mil millones de pesos, y la investigación establece que la estructura criminal estuvo encabezada por Santiago Hazim.
El órgano acusador sostiene que cuenta con suficientes elementos probatorios para sustentar la responsabilidad penal de los imputados, entre ellos testimonios, registros contables, comprobantes fiscales simulados, mensajes electrónicos, comunicaciones internas y trazabilidad financiera, que evidenciarían cómo fueron ejecutados y materializados los hechos.
El Ministerio Público busca la imposición de sanciones penales contra los presuntos responsables, así como el decomiso de los fondos supuestamente sustraídos al Estado dominicano a través del SeNaSa.
Entre los delitos imputados figuran coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
