EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional acogió el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Rosa Antonia Disla y anuló la condena de cinco años de prisión por lavado de activos, en el caso que la vincula a una estructura en la que figuran generales y coroneles.
Disla es la madre del coronel Rafael Núñez de Aza, acusado de ser el «cerebro financiero» del entramado de corrupción que presuntamente estafó al Estado con 4,500 millones de pesos.
La señora fue condenada el pasado 16 de enero de este año por el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, en un juicio separado de los demás procesados debido a problemas de salud.
Ese tribunal la declaró culpable de asociación de malhechores y lavado de activos en perjuicio del Estado dominicano, además de ordenar el decomiso de bienes y el pago de una indemnización de cinco millones de pesos.
La Corte de Apelación, en la sentencia núm. 501-2025-SSEN-00117, determinó que era necesario un nuevo juicio con una valoración íntegra de las pruebas presentadas.
En consecuencia, dispuso que el proceso sea remitido a la Presidencia de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional para la designación de un nuevo tribunal. Asimismo, eximió a la imputada del pago de las costas generadas en el grado de apelación.
La decisión fue emitida por los jueces Doris Josefina Pujols Ortiz, presidenta; Daisy Indhira Montás Pimentel y Rafael A. Báez García, integrantes de la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación de esa jurisdicción.
Según el Ministerio Público, Disla actuó como testaferro de su hijo, administrando bienes y recursos adquiridos ilícitamente.
El coronel Núñez de Aza es señalado como la cabeza financiera del esquema de corrupción, mediante prácticas como la simulación de contratos, la creación de nóminas irregulares y la malversación de fondos públicos, y se alega que Rosa Antonia Disla formaba parte de esa estructura delictiva.
Entre los principales implicados del caso se encuentran oficiales de alto rango del Ejército, la Policía Nacional y cuerpos de seguridad del Estado, así como civiles vinculados.
Encabezan la lista de procesados el mayor general Adán Cáceres Silvestre, exdirector del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), y el general Juan Carlos Torres Robiou, del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).
