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18 de diciembre 2025
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OpiniónJosé Manuel JerezJosé Manuel Jerez

Corrupción y legitimidad democrática: el caso SENASA como síntoma de un modelo agotado

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El caso SENASA ha revelado una fractura profunda en el modelo democrático dominicano. No se trata únicamente de un fraude financiero o de un episodio más de corrupción administrativa; es la manifestación de un desgaste institucional que afecta directamente la legitimidad del sistema político. Cuando la corrupción toca áreas esenciales del bienestar colectivo, como la salud pública, no solo se debilita la administración del Estado, sino la confianza en la democracia misma.

La legitimidad democrática tiene dos dimensiones: la legitimidad de origen, basada en la elección popular, y la legitimidad de ejercicio, sustentada en el cumplimiento responsable y transparente de las funciones públicas. El fraude en SENASA genera un cuestionamiento directo a esta segunda dimensión. Un Gobierno que permite, por acción u omisión, que recursos destinados a los más vulnerables sean desviados, ve comprometida su legitimidad ante la ciudadanía.

El caso SENASA expuso la brecha existente entre el discurso político y la realidad institucional. Mientras se proclamaba una lucha frontal contra la corrupción, en la práctica operaba una estructura ilícita dentro de una de las instituciones más sensibles del Estado. Esta contradicción ha profundizado el desencanto social y ha evidenciado la incapacidad del modelo actual para garantizar controles efectivos y una cultura de integridad pública.

Cuando la corrupción se vuelve estructural y persistente, la legitimidad democrática se erosiona. La ciudadanía deja de confiar en que las instituciones actúan en defensa del interés colectivo y empieza a percibir al Estado como un espacio capturado por redes de poder que operan para su beneficio privado. Este fenómeno, peligroso para cualquier democracia, se agrava cuando afecta derechos fundamentales como la salud.

El impacto del caso SENASA no se limita al presente. Tiene efectos duraderos sobre la percepción del sistema democrático y sobre la disposición del pueblo a creer en las instituciones. Una democracia donde los derechos fundamentales pueden ser vulnerados por corrupción es una democracia debilitada, incapaz de sostener el pacto social que justifica la existencia del Estado.

La corrupción en SENASA también evidencia la falta de blindaje institucional frente a interferencias políticas. La ausencia de controles independientes, la debilidad de las auditorías y la falta de mecanismos efectivos de supervisión revelan un modelo institucional que ya no responde adecuadamente a las exigencias contemporáneas de transparencia y responsabilidad pública.

El deterioro de la legitimidad democrática no surge únicamente del fraude mismo, sino del manejo gubernamental del escándalo. La reacción tardía, el silencio inicial y la narrativa defensiva reforzaron la percepción de que la prioridad del Gobierno no era proteger a la población, sino minimizar el daño político. Este enfoque contradice los principios esenciales del Estado social y democrático de derecho.

Un Gobierno que actúa solo cuando el escándalo es incontrolable envía el mensaje de que la supervisión no es un compromiso permanente, sino una respuesta obligada a la presión pública. Esta lógica reactiva mina la credibilidad institucional y genera la impresión de que el Estado opera sin una brújula ética clara.

El caso SENASA debe ser comprendido como una advertencia. La República Dominicana no puede continuar con un modelo institucional que permite que la corrupción se inserte en estructuras destinadas a proteger derechos fundamentales. La legitimidad democrática requiere mucho más que procesos electorales: exige un Estado fuerte, controles reales y una voluntad firme para combatir la corrupción en todas sus formas.

Revertir este deterioro exige reformas profundas y un compromiso político auténtico. La democracia dominicana solo podrá recuperarse plenamente cuando la ciudadanía perciba que el Estado actúa con transparencia, integridad y responsabilidad. El caso SENASA debe marcar el inicio de ese proceso: un punto de inflexión para reconstruir la legitimidad y fortalecer el pacto democrático.


Por José Manuel Jerez

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