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24 de diciembre 2025
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OpiniónJulián PadillaJulián Padilla

Corresponsabilidad, corrupción e impunidad

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El sistema de control establecido en las leyes de la república y cuyo organismo rector es la Cámara de Cuentas, tiene un brazo ejecutor para la
teoría del control previo y el ambiente de control gubernamental en la Contraloría General de la República.

Velar por la transparencia, la ética, el uso eficiente de los recursos, asegurar la calidad de los controles internos para salvaguardar los activos
de la nación y sobre todo el manejo honesto y transparente de los fondos públicos, es uno de los principales objetivos que de lograrse permitirían la
prevención y combate efectivo de la corrupción administrativa y mitigar con efectividad el riesgo inherente y planificado de la impunidad en la
gestión pública.

Como siempre los nombramientos y el poder concentrado en el poder ejecutivo y la mal llamada representatividad en el congreso nacional,
dificultan que las competencias éticas, transparentes, no negociables y no castigables, sean las que prevalezcan en el accionar tanto de la Contraloría
General de la República y la Cámara de Cuentas.

Pero son discursos vedados, prácticamente tabúes inenarrables que no se pueden proponer de manera preventiva, sobre todo cuándo se quiere
proyectar un mar en calma, a pesar de que se sabe que las tormentas de la corrupción persisten en la cotidianidad de la gestión pública. Por una
razón muy sencilla: es una cultura diseñada y aplicada que garantiza que sin corrupción no hay permanencia en el poder.

Son mecanismos, círculos que se compensan y se refuerzan y ayudados por el interés en el lucro irregular e impune, se perpetuán en la gestión
pública.

Es claro que se necesitan sistemas corruptos, corrupción administrativa, dinero sucio y de cualquier clase, la formación de una nueva categoría de individuos comprometidos con su beneficio personal, para luego financiar las campañas electorales basadas en mentiras y mas promesas incumplidas y con las migajas que logran asegurar la conducta clientelar y populista, que al final se traduce en reelecciones sucesivas y el búsqueda de una siempre soñada perpetuidad en el poder. Que aun sin estar en el ejecutivo nos permita al menos la inmunidad parlamentaria.

Sin esa conflagración y mancuerna entre gestión pública, sistemas, corruptos y corruptores, no es posible las sostenibilidad de una corrupción
administrativa deseada y descaradamente impune y hasta legalizada y luego estrujada a la conciencia nacional con los semidioses de turno,
avalados casi siempre por una riqueza mal habida y con realizaciones mínimas para el manejo de fondos al que tuvieron acceso en su proceso
depredatorio del Erario.

La verticalidad, el sistema de partidos, el control absoluto en el congreso, la capacidad de nombrar mediante este al organismo rector del control
gubernamental, la capacidad de nombramiento de fiscales, de incidir de forma decisiva en el nombramiento de jueces (CNM), de la policía
nacional, ministro de interior y policía, organismos especializados de inteligencia. Todo en manos del poder ejecutivo por el que hay que orar
diariamente para que proteja con efectividad la nación y elimine cualquier indicio de una nueva Claque Gobernante.
Creo que hasta al mismo Jesucristo le hacen coca en esta mal llamada Res pública, que es la dominicana.

Este todo diseñado para el fraude, para el enriquecimiento ilícito, para la impunidad, para la creación de mafias estatales y carteles políticos, para el
crimen, la perpetuidad y la destrucción del interés nacional.

Para el engaño colectivo descarado, demostrado y difuso. Para la creación de una sociedad post moderna pero smart, capaz de convertir en estiércol los
valores fundamentales de la civilización occidental y los valores y principios eternos.

La corresponsabilidad compartida es evidente. No bastan las intenciones anunciadas para el combate de la corrupción. Cuando los sistemas están
diseñados para el mal, no es suficiente con la intención, si los mismos funcionarios vienen con el hambre del enriquecimiento ilícito y el sueño
del poder que se fundamenta en el ahora me toca a mí. Y la pregunta clave al funcionario saliente: ¿cómo es el asunto aquí?.
Alguien me diría, pero es que no hay futuro en la República Dominicana.

Por supuesto que hay futuro, solo que se necesitan lideres para el bien y esa especie luce ya casi extinguida de la conciencia nacional.
Es responsabilidad compartida, porque si los paradigmas en la ejecución del control previo y el control externo son: el yo no vi, no me di cuenta, no puedo pasarle por encima al ministro o director, ordene y mande señor, eso no está en el plan de auditoría, y ¿cómo fiscalizo a ese matatan?, eso lo ordenó fulano o lo dijo pulpin o el hombre del maletín, o es una orden de arriba.

¡Imagínese usted!, ¿que auditor de la contraloría o de cámara de cuentas dirá: no voy a hacer esto, esto está mal, eso viola la ley, el reglamento?.
Ahí mismo le dan de baja, lo liquidan por caja chica y deja de tener empleo ese profesional ético que quiere hacer lo correcto en su trabajo.

Es la misma historia con el ordene y mande señor de las FFAA, PN y organismos de inteligencia, combate a las drogas y otros organismos que
existen en apariencia para mantener la gente tranquila mientras se desarrolla el crimen organizado.

Esa es la verticalidad, implementada para asegurar los mecanismos de la corrupción administrativa y el crimen en la República Dominicana. Donde
el caiga quien caiga es y seguirá siendo la piedra de tropiezo solo para ser usada abiertamente en la retaliación política, pero jamás para un real
combate de la corrupción y la impunidad, pues son males necesarios para la permanencia en el poder.

¿Cuántos bandidos habrán gobernado la República Dominicana?. Sería interesante identificarlos claramente, pero se lo dejo a usted de tarea.
¡Culebra no cae en gancho! Y si nos vamos a la Cámara de Cuentas, es evidente que el epíteto predilecto es la de Cámara de Cuentos. Un sombrero hecho a la medida,
para fastidiar este pueblo con alocuciones, promesas y prensa pagada, para perseguir a los chivos expiatorios del momento, pues algo hay que
hacer, para demostrar que tenemos razón de existir.

¿Y para que dar una vuelta por el sistema de justicia, la ley y el orden?. Los justiciables en la Dubai del Caribe son aquellos que molestan al interés
partidario y del poder del momento.

Los poderes facticos se imponen, el estado nación se ha convertido en una caricatura que se revive cada cuatro años en cada toma de posesión y
tedeum, aunque la burla al pueblo dominicano no se hace esperar al pasar los primeros 100 días en cualquier gobierno.

Diga usted que hacer. No sé si algo distinto al de contar con líderes para el bien, como única propuesta viable, lenta pero segura, para establecer un
real cambio y un proyecto de nación que realmente vaya en beneficio de todos los dominicanos.

La corresponsabilidad es evidente, sangrante, militante, depravada, sistémica, organizada, deseada, necesaria a la luz de los intereses del
enriquecimiento ilícito, la impunidad y la perpetuidad en el poder.

Los partidos políticos y sus carteles cupulares han destruido la esperanza de la nación. Han actuado como miembros de la cosa nostra mostrada por
Paccino en las películas del padrino.

Destruir estos paradigmas que impulsan el accionar de la gestión pública, (esos círculos que compensan y refuerzan la corrupción administrativa)
son un gran reto para la nación. Y tal vez la robótica, el transhumanismo, el hibrido descorazonado sea la única respuesta burocrática para tal vez (si
lo diseñan marcianos y no los dominicanos del voto automatizado) se pueda con esto impedir que el robo y el saqueo se sigan imponiendo en la
gestión pública como mecanismo impune disfrazado de progreso.

Pero si el yo no vi de la contraloría o el amarre el caballo donde diga el jefe tanto ahí como en la cámara de cuentas; si las intenciones políticas
reales son el saqueo de la nación y la continuidad de la corrupción y la impunidad (y eso solo Dios lo sabrá), si son esos los paradigmas que se
imponen, la corresponsabilidad compartida es inevitable e insoslayable, además de inoperantes para un combate verdadero de la corrupción
administrativa y la impunidad en el país.

 

Por Julián Padilla

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