EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El coronel Rafael Núñez de Aza, uno de los militares imputados en una presunta red de corrupción administrativa que realizó una estafa por un monto superior a los RD$ 4, 500 millones, dijo este jueves sentirse impotente al ver sus negocios cerrados por el Ministerio Público a nivel nacional y las operaciones internacionales frenadas.
Núñez de Aza relató que una fábrica que instaló en su pueblo natal, El Bombillo de Villa Riva, provincia Duarte, dejó a sus empleados en situación crítica: algunos se perdieron en la delincuencia, otros emigraron ilegalmente a Estados Unidos en la llamada “Vuelta de México” y varios cumplen condena en la cárcel pública de San Francisco de Macorís.
El militar hizo estas declaraciones al ejercer su defensa material ante las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, en el juicio en su contra.
En su exposición, se defendió como un profesional de larga trayectoria que se superó mediante trabajo e inversión en diversas instituciones.
Enfatizó que desde el 2001 la pastora Rossy Guzmán y él realizaban negocios, estableciendo oficinas y prestando dinero mutuamente de hasta un millón de pesos.
Según la acusación del Ministerio Público, Núñez de Aza era quien daba las instrucciones sobre cómo gastar los fondos dentro del entramado corrupto realizado por generales, coroneles y religiosos.
Rafael Núñez de Aza, fue el presunto cerebro financiero de la red, se comunicaba con sus cómplices mediante WhatsApp, indicando cómo gastar los recursos desviados.
Los implicados en este caso alegadamente crearon empresas ficticias, manipulaban auditorías mediante registros falsos, utilizaban bienes incautados como si fueran propios y alteran o destruyen evidencia para mantener oculta la red.
El grupo estableció instituciones que supuestamente debían proveer combustibles y materiales consumibles. Estos recursos nunca llegaban a su destino, aunque se realizaban registros contables falsos para justificar su uso.
Son 48 los imputados, 30 personas físicas y 18 jurídicas. La acusación formal presentada por el Ministerio Público incluye a 12 personas físicas nuevas y 13 empresas, con más de 3,500 pruebas.
Según la investigación, la trama se organizó desde altos mandos militares, entre ellos el general Adán Cáceres Silvestre, exjefe del Cusep, y el general Juan Carlos Torres Robiou, exjefe del Cestur.
También están implicados la pastora Rossy Guzmán, acusada de crear empresas fantasmas y ONG religiosas para lavar fondos públicos, así como los generales Julio Camilo de los Santos Viola y Boanerges Reyes Batista, todos vinculados al desfalco millonario en perjuicio del Estado dominicano.
El Ministerio Público informó que ya ha ocupado bienes muebles e inmuebles por más de 2,000 millones de pesos, producto de inversiones hechas con dinero desviado de instituciones públicas como el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
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