RESUMEN
Hay dos aspectos fundamentales que tienen que ver con el manejo de la cosa pública, el manejo de los fondos públicos, y que se relacionan directamente con el control interno y externo.
Cuando hablamos del control interno y de la manera preventiva de cómo lograr asegurar la calidad de las transacciones que se realizan, asegurar que se está cumpliendo con procedimientos, con políticas, con leyes, con normas, regulaciones, que no se están violentando esos procesos, que se están tomando decisiones autorizadas, por ejemplo, para realizar las compras o realizar los pagos de bienes y servicios que el Estado necesita, estamos hablando entonces del control interno previo.
Quien tiene a su mando el control de esta parte es la Contraloría General de la República. Por eso, como el control previo existe por ley, y existen una cantidad de entidades públicas que tienen adscritas unidades de auditoría interna de la Contraloría, cuando explota un escándalo en cualquiera de esas entidades donde hay unidades de auditoría funcionando, uno se puede preguntar si los auditores estaban con los ojos cerrados o si estaban ellos mismos participando en la aprobación de esas transacciones.
Estamos hablando del control del ciclo de ingreso y sobre todo del ciclo de desembolso, así como la utilización apropiada de recursos, o el desvío de fondos, y una cantidad de modalidades existentes en materia de corrupción. Por eso cuando explotan escándalos de corrupción la gente puede preguntarse: ¿y cómo, qué está pasando con las unidades de auditoría que se supone ejerce el control previo?.
Pero por otro lado están las auditorías que realiza la Cámara de Cuentas y estamos hablando en este punto del control externo. De acuerdo a la misma ley de la cámara de cuentas un plan de auditoría debe ser desarrollado y las intervenciones en el estado estar programadas anualmente atendiendo a ese citado plan, que normalmente se establece siguiendo criterios técnicos y de materialidad en el manejo de los fondos públicos.
Sin embargo, en el último año, la Cámara de Cuentas ha estado enfocada en develar una cantidad de informes de auditoría que corresponden a auditorías probablemente hechas en el pleno anterior, porque se está situando años 2015 al 2020.
Pero estamos en el 2026 y se han denunciado tantos escándalos de corrupción correspondientes a los últimos seis años, entonces uno se pregunta qué está pasando con los planes de auditoría que nos estamos siempre enfocando en aspectos que ocurrieron, en años anteriores. ¿Estamos siendo técnicos o políticos retaliativos?. Antes de que comenzara la gestión del cambio, la mayoría de esos informes de auditoría ya existían, aunque no divulgados.
Lo más reciente que a nosotros nos llamó la atención fue la información que participó a la prensa, la misma Cámara de Cuentas, indicando que se estarían realizando unas diez auditorías en algunos ayuntamientos del interior como consecuencia de denuncias de la sociedad civil o la comunidad en función de promesas de campaña no cumplidas, estableciendo con ello la hipótesis de desfalcos. Parecería que en nuestro país han gobernado y gobierna una clase política honorable, seria, honesta e integra.
Pero aquí el punto fundamental que a nosotros nos llama la atención es el tema de la planificación. Si tenemos y vamos a guiarnos o no por la planificación anual de auditoría o si dentro de la misma planificación existe un espacio para auditar a petición popular y así asegurar el control externo que es la función de la Cámara de Cuentas.
Realmente son preguntas que nos hacemos porque lograr una mayor cobertura dota a la misma Cámara de Cuentas de mayor credibilidad. No nos olvidemos que en las últimas dos o tres gestiones de la Cámara de Cuentas la credibilidad ha estado cuestionada, tan cuestionada como han estado los partidos políticos, los funcionarios y los gobiernos de turno en su momento.
Es decir, que ese proceso de des institucionalización que ha vivido el país no ha dejado fuera a la Contraloría General de la República y tampoco a la Cámara de Cuentas.
No nos olvidemos escándalos que se produjeron, situaciones que llegaron a judicializarse con la misma Cámara de Cuentas y con pasados contralores generales de la república. Por lo que asegurar que el control previo y el control externo tanto de la Contraloría como de la Cámara de Cuentas tengan procesos asegurados, que sean confiables, necesariamente debe ser parte de lo que es el combate a la corrupción en la República Dominicana.
Yo creo que en las dos entidades hay muchas telas por donde cortar, por eso en algún momento hablamos de la necesidad del relanzamiento de la Cámara de Cuentas indicando una serie de variables que entendemos deben ser vistas y profundizadas, incluyendo algunos aspectos que tienen que ver con sistemas semi-automáticos o automatizados que se utilizan en la gestión pública y que podrían estar produciendo transacciones incorrectas, desvío de fondos o registros incorrectos.
Entendemos que existen oportunidades para mejorar no solamente la calidad en cuanto a los trabajos de auditoría y control previo, de la Contraloría y de la Cámara de Cuentas sino también para asegurar el resultado y la toma de decisiones, que deben desprenderse en función de la calidad de la información que se registra, procesa y comparte.
En cuanto al control previo, evidentemente cuando explota un escándalo de corrupción en cualquier entidad y tiene una unidad de auditoría interna automáticamente, se puede pensar que podría existir alguna triangulación de ese fraude detectado, donde también podría existir participación de esa unidad de auditoría que ha debido frenar los procesos.
Entonces, si el control previo está fallando automáticamente cualquier funcionario que esté ocupando una función en cualquier dirección, administración o ministerio estaría prácticamente a sus aguas y a sus anchas, para implementar y tomar decisiones que pudieran estar sencillamente sangrando las arcas del Estado y desviando fondos para usos incorrectos y contrarios a la ley.
Por Julián Padilla