RESUMEN
SANTO DOMINGO. – La Contraloría General de la República (CGR) dispuso la socialización de los informes preliminares de auditoría interna con las máximas autoridades de las instituciones auditadas, como parte de un nuevo mecanismo que busca fortalecer el derecho a la defensa y evitar alegatos de desconocimiento.
La medida establece que las entidades evaluadas contarán con un plazo de 12 días calendario para presentar sus réplicas, evidencias documentales y argumentos técnicos antes de la emisión de los informes finales.
Contralor afirma que informes serán discutidos directamente con los titulares
El contralor general de la República, Geraldo Espinosa, explicó que, sin importar el período examinado ni el tipo de auditoría realizada, los informes preliminares serán presentados y discutidos directamente con los titulares de las instituciones y los funcionarios vinculados a los procesos evaluados.
Según detalló, este procedimiento permitirá a las entidades auditadas aportar documentación de respaldo y formular observaciones técnicas que puedan ser consideradas antes de la conclusión definitiva del proceso.
Primeros encuentros con Conape y CAID
Como parte de la implementación del nuevo esquema, el contralor y su equipo técnico sostuvieron un encuentro con el director del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape) y su equipo directivo, para discutir el informe preliminar correspondiente a la auditoría interna practicada al período comprendido entre agosto de 2020 y agosto de 2024.
De igual manera, fue discutido el informe preliminar de la auditoría realizada al Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID), bajo el mismo esquema de presentación directa y apertura al proceso de descargo institucional.
Ambos encuentros forman parte de una agenda que la Contraloría continuará desarrollando con distintas entidades del Estado, con el objetivo de institucionalizar este procedimiento dentro del ciclo ordinario de auditorías.
Más transparencia y seguridad jurídica
Con esta disposición, la Contraloría busca consolidar un modelo de control más participativo, preventivo y garantista, que fortalezca la seguridad jurídica y el derecho a la defensa de los entes auditados.
La entidad sostiene que el nuevo mecanismo elevará la calidad técnica de los informes finales, reducirá la posibilidad de controversias posteriores y reforzará la transparencia y credibilidad de los procesos de control interno.
Asimismo, contribuirá a mejorar la gestión pública, al permitir que las instituciones identifiquen oportunamente debilidades administrativas, corrijan fallas en sus controles internos y adopten medidas preventivas antes de la emisión definitiva de los informes.
