RESUMEN
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público continúa presentando este jueves, ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, pruebas testimoniales contra generales, coroneles y civiles implicados en uno de los presuntos escándalos de corrupción más grandes del país, vinculados a la administración pública durante el período de gobierno 2012–2020.
Los implicados son acusados de malversación de fondos públicos, lavado de activos y otros delitos relacionados con la alegada sustracción de 4,500 millones de pesos del Estado.
Según la acusación, los procesados afectaron instituciones como el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR), el Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (CUSEP), el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), entre otras entidades estatales.
La estructura, supuestamente, operaba mediante la inclusión fraudulenta de militares y policías en las nóminas del CESTUR y el CUSEP.
Estos empleados ficticios recibían salarios mensuales que oscilaban entre RD$20,000 y RD$70,000, pero estaban obligados a devolver entre el 70 % y el 90 % de esos montos a los cabecillas de la red.
Por ejemplo, Wilber Batista Moreno, quien trabajó en el Cusep, declaró que recibía RD$30,000 mensuales y debía devolver RD$27,000 al Coronel José Ramón Santos Jiménez.
Además, se desviaban recursos destinados a viáticos, combustible y raciones alimenticias.
Estas sumas eran recolectadas por figuras clave como los Coroneles Jeudis Vladimir Guzmán y Rafael Núñez de Aza, quienes actuaban como “cabezas recolectoras”, y luego entregadas al Coronel Núñez de Aza en su residencia.
El Mayor del Ejército, Raúl Alejandro Girón Jiménez; testigo clave del Ministerio Público, detalló que parte de los fondos ilícitos se destinaban a la compra de productos electrónicos de lujo, como iPhones, adquiridos en el extranjero con dinero recolectado de las nóminas de Cestur y el Cusep.
Girón, también, reveló que la nómina de Cestur se utilizaba para financiar un equipo de softball llamado “MegaTeam”, creado por Rafael Núñez de Aza para facilitar la obtención de visas hacia los Estados Unidos.
La red de corrupción no solo desvió recursos millonarios, también adquirió propiedades lujosas, vehículos de alta gama y otros bienes con el dinero ilícito.
