El sector construcción en la República Dominicana atraviesa una etapa desafiante que está afectando a todo el ecosistema, desde desarrolladores hasta compradores, siendo estos últimos quienes están recibiendo el mayor impacto. La escalada de precios en los materiales esenciales y la disminución de mano de obra calificada han provocado un efecto en cadena que incrementa los costos y provoca demoras en los plazos de entrega. La consecuencia más directa: el comprador final termina asumiendo los efectos de esta situación.
Materiales más caros: una tendencia que no se detiene
De acuerdo con la Oficina Nacional de Estadística (ONE), el Índice de Costos Directos de la Construcción de Viviendas (ICDV) ha registrado un aumento acumulado de más del 32.8% entre 2020 y 2024. Este comportamiento responde a incrementos en insumos fundamentales como: Acero corrugado: ha subido un 58% en cuatro años, influido por la volatilidad del dólar y la demanda internacional. Cemento Portland: aumento de 27%, siendo un material indispensable en cualquier obra. Madera para encofrado: incremento de 41%, atribuido a escasez global y mayores
costos logísticos. Transporte y logística: con un alza del 38%, afectada por el aumento en precios de combustibles y fletes.
Estos costos no solo encarecen los proyectos, sino que comprometen la estabilidad financiera de quienes invierten en propiedades en etapa de preventa. Compra en plano: modelo en jaque por la inflación. Comprar en plano ha sido una vía atractiva para muchos dominicanos por sus facilidades de pago y precios más bajos en comparación con unidades terminadas.
No obstante, la actual coyuntura ha convertido este esquema en una fuente de riesgos. Clientes que firmaron contratos hace dos o tres años, con montos y fechas definidos, enfrentan ahora escenarios de entregas aplazadas, cobros adicionales y cambios técnicos no pactados.
Esta situación no solo genera incertidumbre, sino pérdidas económicas tangibles, especialmente para quienes planificaron su financiamiento hipotecario con base en condiciones iniciales. Déficit de mano de obra: un obstáculo silencioso pero creciente A la problemática económica se suma la escasez de trabajadores calificados, un factor que agrava los retrasos. Muchos obreros han migrado a sectores con mejores remuneraciones o han abandonado el rubro ante la falta de formación técnica.
Este fenómeno produce: Incremento en los salarios para captar talento. Prolongación de las fases constructivas. Riesgos en la calidad final de la edificación. Todo esto aumenta la desconfianza entre los compradores y compromete el ritmo de los desarrollos.
¿Quién paga el precio? El adquiriente de la vivienda
Aunque en teoría los desarrolladores deberían absorber parte de estos aumentos, la práctica demuestra que la mayoría de los ajustes se trasladan al comprador. Los contratos suelen tener cláusulas que permiten variaciones por inflación o subida de costos, lo que deja al adquiriente expuesto a renegociaciones que elevan el precio original.
Los bancos también ajustan sus políticas ante este panorama, dificultando aún más el acceso al crédito para los dominicanos promedio.
Impacto en el crecimiento del sector:La incertidumbre que vive el mercado afecta tanto la demanda como la sostenibilidad de los proyectos. Si bien la construcción es uno de los pilares del PIB y motor del empleo, estas trabas ponen en riesgo su rol en la recuperación económica nacional.
Soluciones necesarias y urgentes. Para afrontar este escenario se requieren medidas conjuntas que prioricen al
consumidor: Contratos más equitativos: que contemplen topes y condiciones claras para cualquier ajuste. Supervisión estatal más efectiva: para garantizar cumplimiento de plazos y calidades. Programas de capacitación técnica: que fomenten una nueva generación de obreros capacitados. Políticas de incentivo: que estabilicen los costos y promuevan viviendas más accesibles.
Cierre: proteger al más vulnerable de la cadena
Este momento exige una mirada más solidaria hacia el comprador final. Familias, jóvenes profesionales e inversionistas están enfrentando aumentos y retrasos que comprometen su economía. Urge reforzar la transparencia, los derechos del consumidor y la estabilidad del sector para que adquirir una vivienda no sea una apuesta incierta, sino un paso seguro hacia el bienestar.