Las políticas de deportación de la administración Trump han experimentado un giro significativo hacia la aplicación estricta de las leyes migratorias, resultando en consecuencias humanitarias devastadoras para muchos inmigrantes y sus familiares.
Si bien gobiernos anteriores también realizaron deportaciones, expertos en el tema, organizaciones de derechos humanos y medios internacionales, señalan que ciertas medidas implementadas, la forma deshumanizante en que se trata a los inmigrantes, incluidos abusos físicos, violaciones de derechos humanos, acusaciones de acoso sexual, “secuestros”, irrupción en hogares y lugares de trabajo sin una debida orden de allanamiento, de arresto ni deportación, entre otras, generan impactos humanitarios severos.
Las imágenes no dejan de salir a la luz pública, y las mismas no mienten. Agentes migratorios rociando a una niña de un año, y su padre, con gas pimienta. Agentes forcejeando con un inmigrante, quien en ese preciso momento tiene un ataque aparentemente epiléptico mientras sostiene un bebe en brazos. Una profesora “secuestrada” en frente de sus alumnos de kindergarden o una mujer embarazada tirada al piso resultando en la perdida del embarazo.
Acciones que generan críticas, y que han sido consideradas por muchos como manifestaciones de crueldad institucional innecesaria por parte de quienes, sin ser agentes policiales, abusan abiertamente de la posición que ocupan.
Pero más allá del mal rato, vienen las consecuencias que van desde la separación sistemática de miles de familias migrantes, incluidos bebés y niños muy pequeños, enviados a distintos centros de detenciones, mientras sus padres son encarcelados para luego ser deportados, dejando a estos infantes desamparados.
Organizaciones médicas y psicológicas calificaron esta práctica como traumática y potencialmente dañina a largo plazo, y múltiples cortes federales intervienen para obligar al gobierno a reunificar a las familias en casos especiales como cuando se han registrados violaciones a los derechos del individuo.
Otros inmigrantes son enviados a centros de detenciones en condiciones inhumanas. Diversos informes periodísticos y de grupos de derechos humanos documentan malos tratos, hacinamiento, falta de higiene, escasez de atención médica, y detenciones prolongadas.
Imágenes de niños durmiendo en el suelo, envueltos en mantas térmicas de aluminio, generan amplia indignación pública.
Mientras, cada día salen nuevos reportes y denuncias que indican el trato inhumano que reciben los inmigrantes por parte del personal de los centros de detención.
Redadas masivas, nunca vistas en algunos Estados, hoy son reportadas como parte de la nueva cotidianidad.
La prolongación de detenciones y el endurecimiento de los procesos contribuyeron a una mayor presión sobre un sistema ya saturado.
Redadas en centros de trabajo, restaurantes, barberías, y hasta guarderías, generan un descontento, rechazo y efecto dominó en comunidades enteras.
En varios estados, niños ciudadanos estadounidenses regresan de la escuela para descubrir que sus padres han sido detenidos.
Ciudadanos estadounidenses han reportado haber sido apresados durante días, sin haber recibido la oportunidad de poder demostrar su estatus de legalidad. Otros denuncian discriminación racial al haber sido apresados, detenidos e interrogados simplemente por el tono de su piel o por hablar otro idioma.
Gobiernos locales y organizaciones comunitarias reportan un aumento en la ansiedad, el ausentismo escolar y la inseguridad alimentaria entre familias afectadas.
Mientras, grupos de defensa de los derechos civiles argumentan que estas intervenciones no solo castigan a personas sin antecedentes criminales, sino que también debilitaban la confianza entre las comunidades y las instituciones públicas.
Organismos como la ONU, Amnistía Internacional y Human Rights Watch han criticado esta práctica de la administración Trump 2.0, señalando que determinadas acciones vulneraban estándares básicos de derechos humanos.
En el ámbito doméstico, jueces federales, legisladores y organizaciones religiosas solicitaron revisiones urgentes de las políticas, pero se dice que el gobierno federal ha amenazado a algunos jueces si no “facilitan” los procesos de deportaciones de inmigrantes.
La administración Trump defiende sus acciones afirmando que la aplicación estricta de las leyes es necesaria para disuadir la inmigración irregular y proteger la seguridad fronteriza.
Sin embargo, el debate sobre el equilibrio entre legalidad, seguridad y humanidad continúa en la palestra.
La realidad es que, ahora mismo es difícil ser un inmigrante en los Estados Unidos.
Las políticas de deportación y detención de la administración Trump marcan un periodo de tensiones intensas en el debate migratorio estadounidense.
Para muchos defensores de derechos humanos, las medidas adoptadas tienen efectos profundamente dañinos sobre familias vulnerables que persistirá por muchos años.
Otros, defienden la decisión de Trump, describiéndolo como una expresión legítima de soberanía y control fronterizo.
Lo cierto es que este capítulo dejará una huella duradera en la conversación pública sobre cómo un país puede, y debe, gestionar la migración sin comprometer la dignidad humana, el respeto y la humanidad del individuo.
Por Carolina Saddler
@saddlerucarolina carolinasaddler@gmail.com