EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El juez Rigoberto Sena, aplazó para el próximo jueves 23 de febrero la audiencia de medida de coerción contra Jairo González, acusado de estafa millonaria.
El juzgado de Atención Permanente reagendó la fecha del conocimiento cautelar para el día mencionado a las 9:00 am, pedimento hecho por la defensa del imputado, alegando que es para conocer el expediente de la solicitud de medida de coerción instrumentada por el Ministerio Público.
“También pidieron el aplazamiento para estudiar las querellas de las víctimas y los elementos probatorios que está ofertando el órgano persecutor”, explicó uno de los abogados de las víctimas, Enmanuel Liberato Rodríguez.
Asimismo, informó que el magistrado ordenó que habilitaran un salón más amplio, porque son más de 142 afectados para que puedan participar en la audiencia.
De su lado, Héctor Bienvenido Pérez, dijo que en principio aunque tienen 143 denuncias, asegurando que han depositado además de estas, 70 querellas más, que son abogados que se han constituido como actores civiles.
“Esas denuncias han sido apoderadas con abogados, no todas, pero hay abogados que tienen en su poder más de 25 querellas y otros que tienen 35 clientes, en representación a las víctimas”, expresó Pérez.
Su colega, Rodríguez Liberato llamó a la población que todo aquel que ha sido estafado por esta red piramidal a través de la empresa Harvest Group & Asociados, ponga su denuncia.
En tanto, que el abogado del imputado, Okensy Contreras, expresó que no ha tomado conocimiento de lo que están acusando a su cliente.
“Hay un grupo de personas que la querella no recoge, y el tribunal dio la oportunidad a las demás personas que sea depositada vía secretaría, el próximo jueves estaremos preparados para los reparos”, destacó el letrado.
Resaltó, que su representado está claro que es inocente en el aspecto penal, alegando que el reconoce que tiene responsabilidad civil, pero que nunca tuvo intención delictiva.
Contreras, aseguró que está abierto a cualquier acuerdo con las víctimas, sosteniendo que están los contratos.
El órgano persecutor está pidiendo 18 meses de prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo, además, lo imputa de lavado de activos.
