EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Tribunal de Atención Permanente de Santiago conoce en este momento la medida de coerción contra cuatro empleadas del Instituto Da Vinci, acusadas de responsabilidad penal en la muerte por ahogamiento de la estudiante Stephora Anne-Mircie Joseph, de 11 años.
Las imputadas son Yris del Carmen Reyes Adames (directora administrativa), Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella (coordinadora general), Francisca Josefina Tavárez Vélez (orientadora) y Vilma Altagracia Vargas Morel (coordinadora del nivel secundario). Todas se encuentran recluidas desde el sábado en la carcelita del Palacio de Justicia de Santiago.
El Ministerio Público solicita una garantía económica de RD$50 millones para cada imputada, además de presentación periódica, impedimento de salida del país y localizadores electrónicos.
El Ministerio Público sostuvo que las citadas medidas de coerción son las más idóneas y proporcionales con los hechos imputados, las cuales están contenidas en el artículo 226, numerales 1, 2, 4 y 5 del Código Procesal Penal.
El caso ha recibido la calificación jurídica de homicidio involuntario que constituye una violación al artículo 319 del Código Penal dominicano. De igual forma, le fue otorgada la calificación de abandono y maltrato a niños, niñas y adolescentes por conducta típica al contenido del artículo 351-2 del Código Penal dominicano.
La conducta de las imputadas también es típica al contenido del artículo 14 de la Ley 136-03 del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.
La muerte de la niña se produjo el 14 de noviembre en una de las piscinas de la hacienda Los Caballos, a donde fue trasladada en una excursión junto a otros alumnos del Colegio Leonardo Da Vinci, el cual está ubicado en la carretera Don Pedro, en Santiago de los Caballeros.
Por instrucción de la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, la investigación del hecho está a cargo del procurador adjunto Wilson Camacho y la procuradora de corte Olga Diná Llaverías, responsables de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y de la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (Dinnaf).
El Ministerio Público tiene evidencias de que movilizaron a 87 niños solo con 3 cuidadoras, sin tener en cuenta las medidas de seguridad y la profundidad de las piscinas del lugar, sin haber llevado salvavidas, ni preguntado a los padres o tutores si los niños sabían o no nadar, además de que tampoco requirieron chalecos salvavidas.
