Tanto a él como a la exmandataria se les acusa de ser organizadores de una asociación ilícita y cohecho en la conocida como causa de «los cuadernos de la corrupción».
Desde que surgió el escándalo, principios de agosto, decenas de importantes empresarios y exfuncionarios han sido procesados -algunos declarados imputados «arrepentidos»- y muchos han reconocido ante el juez de instrucción, Claudio Bonadio, la existencia de las coimas y la supuesta implicación de Fernández y su fallecido esposo, el también expresidente Néstor Kirchner (2003-2007).
Entre los empresarios involucrados está además Ángelo Calcaterra, primo del actual presidente, Mauricio Macri, y el padre y el hermano del mandatario, Franco y Gianfranco Macri, respectivamente, fueron también llamados a declarar.
El caso surgió después de que llegasen a la Justicia las anotaciones, fotografías y filmaciones efectuadas durante más de una década por Oscar Centeno, chófer del ministro De Vido y del subsecretario de Coordinación de su cartera, Roberto Baratta.
El conductor señalaba cómo presuntamente transportaba bolsos con millones de dólares procedentes de empresarios, para ser repartidos a los funcionarios implicados.
Ese material, según la investigación, apuntaba a la existencia de una «organización delictiva» conformada por funcionarios públicos comandados por Kirchner -fallecido en 2010-, su viuda, y De Vido.
Bonadio señaló durante la instrucción que hay indicios que permiten sostener que Baratta y otros funcionarios más de la cartera efectuaron los cobros a distintos particulares, siendo trasladados después, «en la mayoría de las oportunidades», en vehículos conducidos por Centeno.
A partir de ello, según el juez, y previo percibir el porcentaje que correspondiera a sus tareas, procedían a entregar los fondos recaudados a otros funcionarios», que «finalmente los derivaban a manos de los verdaderos beneficiarios de la maniobra ilícita»: Néstor Kirchner, Cristina Fernández y Julio de Vido.