EL NUEVO DIARIO, BARAHONA.- Un tribunal condenó a seis y tres años de prisión a cuatro miembros de una red, incluyendo a un empleado de la Junta Central Electoral (JCE), que se dedicaban a la falsificación de documentos públicos y privados, por los que cobraban montos de entre RD$70,000 y RD$100,000, operando en Barahona, Santo Domingo y el Distrito Nacional.
El Ministerio Público de Barahona y la Unidad de Investigación contra el Registro Civil y la Cédula de la JCE, representados por los magistrados Wellington Matos y Esther González Peguero, junto con la Consultoría Jurídica de la JCE, establecieron que el grupo delictivo se dedicaba a la comisión de crímenes y delitos relacionados con la falsificación de documentos públicos y privados, en asociación de malhechores, y al lavado de activos, según detalla un comunicado.
Divisay Altagracia Amparo Peña y José Alfredo de los Santos fueron condenados cada uno a seis años de prisión, a ser cumplidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Baní Mujeres y en el Centro de Privación de Libertad (CPL) de Barahona, respectivamente, con suspensión condicional de los últimos cinco años.
En tanto, Yonel Raphael fue condenado a tres años de prisión, que deberá cumplir en el CPL de Barahona, con suspensión condicional de los últimos dos años.
Asimismo, el empleado de la Junta Central Electoral, Andys Hernández Rivera, fue condenado a tres años de prisión, a cumplir en el CPL de Barahona, con suspensión condicional de los últimos dos años y dos meses, además del pago de una multa equivalente a 20 salarios mínimos.
Como condiciones para la suspensión de la pena aplicables a todos los condenados se dispuso: residir en el domicilio procesal aportado en este proceso, abstenerse de ingerir en exceso bebidas alcohólicas, abstenerse del porte o tenencia de armas, mantener una conducta social íntegra y en cumplimiento con las normas vigentes del ordenamiento jurídico dominicano, y someterse al control y vigilancia del juez de Ejecución de la Pena de Barahona.
En este proceso también se ordenó el decomiso, en favor del Estado dominicano, de los equipos electrónicos incautados durante la investigación.
Los condenados se dedicaban a la falsificación de documentos de identidad, incluyendo cédulas, actas de nacimiento, pasaportes, licencias de conducir y de porte y tenencia de armas de fuego, así como carnés de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), del Ejército de la República Dominicana (ERD), títulos de educación y de la Universidad del Caribe (Unicaribe).
Además, falsificaban visados de diferentes países, entre ellos Estados Unidos, Bahamas, Chile, Curazao, Ecuador, Nicaragua, Guatemala, Brasil, Haití, Canadá, Países Bajos (Holanda), Honduras, entre otros de la región, otorgando a nacionales haitianos y dominicanos identidades falsas.
La jueza del Distrito Judicial de Barahona, Fátima Cruz Estrella, impuso las condenas tras acoger el procedimiento en el que los acusados admitieron los hechos delictivos ante la contundencia de las pruebas.
Los hechos están sancionados por varios artículos del Código Penal Dominicano, la Ley 172-13 sobre Protección Integral de Datos, la Ley 53-07 sobre Delitos de Alta Tecnología, y la Ley 4-23 de Actos del Estado Civil.
El Ministerio Público realizó las investigaciones en coordinación con la Dirección Nacional de Seguridad Civil y la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) de la Policía Nacional.
La investigación comenzó en enero del pasado año en la ciudad de Barahona, a raíz del arresto de varios extranjeros que portaban documentos falsos obtenidos mediante el pago de las sumas mencionadas.
Durante el curso de la investigación se determinó que dichos documentos eran expedidos por un grupo organizado cuyos principales líderes son Pablo Selmo De la Cruz, actualmente bajo prisión preventiva y a la espera de juicio; Yonel Raphael y Modesto Alcántara (testigo en juicio abreviado), quienes operaban junto a José Alfredo de los Santos Gómez y Divisay Altagracia Amparo de Vásquez, encargados de los laboratorios de falsificación, así como el empleado de la JCE, Andys Hernández.
Esta labor de inteligencia e investigación, ejecutada por la Dirección de Seguridad de la JCE y la Dicrim, se desarrolló durante aproximadamente un año, con un equipo desplegado en distintas zonas del sur, Santo Domingo y el Distrito Nacional.
