La orden judicial establece de forma específica que el imputado no podrá comunicarse ni aproximarse al testigo identificado como Eriver Tavárez.
De acuerdo con el documento fechado el 13 de febrero de 2026, Cordero deberá acatar las leyes federales, estatales y locales, cooperar con la recolección de muestras de ADN si así lo exige la ley y notificar a las autoridades cualquier cambio de residencia, empleo o número telefónico.
El tribunal también dispuso que comparezca ante la corte cuando sea requerido y cumpla con todas las instrucciones de los servicios previos al juicio o del oficial supervisor asignado, incluyendo la firma de acuerdos de comparecencia cuando corresponda.
Entre las condiciones adicionales, se establece que el procesado deberá someterse a supervisión judicial, mantener empleo o estudios según corresponda, abstenerse del uso de sustancias controladas sin prescripción médica y no poseer armas de fuego u objetos peligrosos.
El documento advierte que cualquier incumplimiento de estas disposiciones podría derivar en la emisión inmediata de una orden de arresto, la revocación de la libertad condicional y la imposición de sanciones adicionales, incluyendo multas o penas de prisión.
La orden fue firmada por el magistrado federal G. Michael Harvey, quien dispuso que el acusado permanezca bajo custodia hasta cumplir con los requisitos establecidos para su liberación conforme a las condiciones impuestas.