EL NUEVO DIARIO; SANTO DOMINGO.- La Junta Central Electoral (JCE) inició este jueves, el proceso de incineración de más de 3 millones de boletas y material sobrante correspondiente a las suspendidas elecciones municipales del pasado 16 de febrero, con lo que considera da clausura a todo lo referente a los fallidos comicios.
El director Nacional de Elecciones, Mario Nuñez explicó que dicho material incinerado contempla las 3,262,046 boletas que fueron impresas, así como los 16,032 padrones y actas, para un total de 3,294,110 del material en general, trabajo que costará 656 mil pesos.
«Con esta acción de ahora damos por terminado todo aquel aspecto que tenía que ver con las elecciones de febrero y estamos convirtiéndolo ya en simplemente desecho, porque ya no va a ser utilizado”, argumentó.
El funcionario de la JCE señaló que el material gastable que podía ser reutilizado en las elecciones del 15 de marzo fue guardado, pero lo referente a padrones, boletas y actas será incinerado para evitar que se pueda confundir con el proceso anterior.
Núñez aclaró que todo ese material fue traído desde los municipios hacia la sede de la JCE para estos fines y que también será incinerado el excedente de boletas, producto de las planchas de impresión, y «del cual todos tenían conocimiento».
Asimismo, el Director de Elecciones informó de que los trabajos de impresión de las boletas para las elecciones extraordinarias municipales del 15 de marzo ya fueron concluidos en la Editora Corripio. Aclaró que la planificación era imprimir casi 8.3 millones de boletas, pero con el “excedente ponderado y conocido de boletas por planchas estamos hablando de unos 8.5 millones de boletas impresas que están en la imprenta y se han ido trasladando hasta el local de la JCE para su procesamiento y la incorporación en kit electoral”. Dicho proceso de conformación podría ser iniciado en horas de la tarde de hoy.
Respecto de los traslados administrativos de los colegios electorales, Núñez dijo que “son aprobados por las Juntas Electorales en cada municipio del país y son debidamente consensuados con los partidos políticos.
«Todos tenemos en nuestra cédula un recinto y un colegio de votación asignado, pero, en estos casos, se trata de unos 359 recintos a nivel nacional, cuyos propietarios o administradores entienden que no lo van a volver a facilitar para el proceso electoral».
En ese orden, Núñez alegó que las Juntas Electorales deben gestionar otros locales que sean próximos para poder habilitar esos colegios, y que eso es lo que ha sucedido.
Aclaró también que cada traslado de estos tiene una justificación y una sustentación en un acta que levanta la Junta Electoral correspondiente y en la que firman todos los delgados políticos acreditados en las mismas.
