EL NUEVO DIARIO, MONSEÑOR NOUEL.- Residentes de la comunidad Rancho Nuevo del municipio de Bonao expresaron este lunes temor por la extracción «indiscriminada» de materiales en el río Yuna que provocaría inundaciones, por lo que solicitaron al Gobierno del presidente Luis Abinader ir en rescate de ese afluente.
Felicia Cerí, presidenta del Club de Amas de Casa de Rancho Nuevo, manifestó que de continuar la extracción de materiales, esa comunidad desaparecerá por las inundaciones, así como la empresa Tabacalera Arturo Fuente, principal fuente de empleos de esa localidad y zonas aledañas como El Verde, Caribe entre otras.
«El río puede entrar en cualquier momento, nosotros hemos hecho un llamado al Ministerio de Medio Ambiente, al licenciando Ceara Hatton y todos se han hecho de la vista ciega», dijo la dirigente comunitaria, para subrayar que las autoridades municipales y legislativas de esa provincia no visibilizan ante el Gobierno Central y el país los daños provocados por las extracciones indiscriminadas en perjuicio de las comunidades.
Cerí explicó que la comunidad de Rancho Nuevo y otras están «huérfanas» y que necesitan un liderazgo político local que no solo vaya a «buscar votos» en los aprestos de las elecciones, sino que acompañen a sus ciudadanos en sus reclamos, luchas y demandas sociales.
Mientras que, Juan Vázquez, presidente de la Asociación de Agricultores de Rancho Nuevo, solicitó a las autoridades detener la extracción de materiales para evitar que en tiempos de precipitaciones sean afectadas cerca de 150 viviendas y plantaciones agrícolas que representa una fuente de sustento para las familias.
Los dirigentes comunitarios mostraron un documento en el que expresaron sentirse «estafados» por empresarios que supuestamente utilizaron sus nombres para hacer creer al ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Miguel Ceara Hatton, de que la comunidad de Rancho Nuevo está a favor de la extracción de arena y cascajo, hecho que se hizo efectivo con el permiso VSA-4112 a favor de Roberto Acevedo Abad.
Precisaron en un documento que Acevedo Abad, propietario de la empresa Agregado y Transporte Acevedo Mejía presuntamente invitó a los dirigentes comunitarios a una reunión para tratar asuntos de la comunidad en el Centro Comunal de Rancho Nuevo, donde les solicitaban registro en una lista de asistencia la cual fue presentada ante las autoridades medioambientales como un visto bueno de esa comunidad para la extracción.
Responsabilizaron al empresario Acevedo Abad y la Asociación de Productores de Agragados de Bonao de cualquier represalia que sufra un miembro de la comunidad por las denuncias realizadas.
