EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Los comunicadores Francisco y José Alcántara Sánchez, hermanos mellizos, deploraron este jueves que el Ministerio Público no haya investigado a un funcionario de la Dirección General de Migración, quien presuntamente tenía dos aires acondicionados propiedad de esa entidad en un terreno de su pertenencia.
Las declaraciones fueron ofrecidas luego de que la jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidiera enviar a ambos a juicio de fondo. La imputación fue presentada por Tomás Santana García y Juana Beras Leyba, padres del funcionario, quienes los acusan de haber ingresado sin autorización a la propiedad privada desde donde grabaron un audiovisual con fines de denuncia pública.
“República Dominicana está hoy frente a una sociedad donde la justicia se hace servir al dinero”, expresó uno de los comunicadores al salir del tribunal.
Ambos reiteraron su compromiso de seguir denunciando “las irregularidades” cometidas por funcionarios públicos, pese a lo que consideran una clara represalia por haber revelado actos de presunta corrupción en Migración.
Por su parte, el abogado Jean Cristofer Pérez, defensor de los comunicadores, calificó el proceso como una persecución judicial motivada por intereses económicos.
Señaló que los querellantes exigen una indemnización de 20 millones de pesos, lo que, a su juicio, pone en evidencia el carácter desproporcionado de la acción penal.
Mientras tanto, Anny Guzmán Jiménez, abogada querellante, sostuvo que la decisión del tribunal se basa en la existencia de elementos suficientes que apuntan a la comisión del delito de violación a la propiedad privada, tipificado en los artículos 1 y 2 de la Ley 5869 de 1962.
Según explicó, los acusados ingresaron sin consentimiento a la propiedad y realizaron una grabación sin contar con autorización legal.
Guzmán afirmó que el ejercicio de la comunicación no puede ser considerado como una licencia para cometer actos vandálicos o delitos como violación de propiedades, difamación o injuria.
Con relación al cantidad de dinero involucrada para conciliación, expresó que es una petición por daños y perjuicios causados a los demandantes.
