RESUMEN
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El comunicador y abogado Julio González expresó este lunes su respaldo a la magistrada Fátima Veloz, al considerar que su decisión de dictar medida de coerción en el caso del desplome ocurrido en la discoteca Jet Set se ajusta plenamente a los principios del derecho penal y procesal penal dominicano.
González cuestionó que sectores de la opinión pública critiquen a la jueza, cuando —según afirmó— la debilidad del caso recae en la propia construcción jurídica presentada por el Ministerio Público.
“No es la jueza quien falló, es el expediente que carece de una calificación jurídica adecuada. El Ministerio Público presentó una tipificación muy débil frente a la magnitud de los hechos documentados”, señaló.
El jurista expresó sus consideraciones al participar junto al comunicador Pablo Román en el programa “El Nuevo Diario de la Noche”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.
(Ver programa).
Asimismo, explicó que la acusación se basa en el informe técnico emitido por la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie), recibido por el procurador adjunto Wilson Camacho el pasado 11 de junio.
Dijo que dicho informe indica que el colapso estructural fue causado por un exceso de carga que superó los límites de resistencia del referido edificio.
Además, González resaltó que el informe revela que hubo advertencias previas sobre fallas estructurales que no fueron atendidas, lo cual agrava la situación.
Sin embargo, criticó que la realización del informe haya sido dispuesta por el Gobierno central, en lugar de un ente verdaderamente independiente.
“El Gobierno nunca debió ordenar ese informe directamente. Lo correcto era que el Ministerio Público contratara una firma internacional para garantizar total objetividad y credibilidad en el proceso”, afirmó.
González advirtió que se percibe en la ciudadanía “un aire de impunidad” en torno al caso Jet Set, y llamó a las autoridades a fortalecer la institucionalidad y la independencia de los procesos judiciales.
