RESUMEN
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Operación Larva, definida por el Ministerio Público, como una investigación financiera de lavado de activos resultado del caso Corona, por el que se encuentran presas 16 personas, tiene sus propias características de acuerdo con el expediente que contiene la solicitud de medida de coerción contra los imputados.
Según el expediente, los 14 imputados eran parte de un entramado criminal dedicado a traficar drogas y a lavar activos producto de operaciones de narcotráfico a gran escala y a los fines de garantizar esas operaciones y de mantener el control incurrieron en hechos de sangre.
¨Organizaron una poderosa red criminal que la inteligencia, los seguimientos físicos, documental, electrónico (interceptaciones telefónicas), los allanamientos, ponen de evidencia lo organizado de la estructura criminal¨, se precisa en el expediente que alcanza las 522 páginas.
Inversiones
Además, puntualiza que el grupo invertía las ganancias obtenidas producto de estas actividades propias del crimen organizado mayormente en el sector inmobiliario, adquiriendo a través de familiares de los principales miembros de la estructura y mediante la utilización de compañías fantasmas, inmuebles suntuosos en sectores exclusivos del Distrito Nacional, Punta Cana y Santiago de los Caballeros, así como también vehículos de alta gama y armas de fuego de alto y bajo calibre.
Agrega que alegadamente crearon empresas de carpetas, establecidas con el propósito de adquirir inmuebles suntuosos, sin que estas cuenten con una operatividad real y realizaron operaciones de actividades de intermediación financiera sin estar autorizados por la Superintendencia de Bancos para realizar las mismas, evitando de esta forma la realización de reportes ante las autoridades competentes en la prevención del lavado de activos.
El documento señala que la poderosa red adquirió inmuebles de alto costo a título personal no acorde con el perfil económico reportado por las entidades oficiales, como Tesorería la Seguridad Social (TSS) y la Dirección General de Impuestos Interno (DGII).
¨Compraron vehículos de alta gama no acorde con el perfil económico¨, revela.
Usaban otras personas y empresas
Pero no es todo, también explica que utilizaron personas físicas y jurídicas para aparentar como activos y bienes de narcotraficantes parte de la red, algunos de ellos en prisión preventiva por el decomiso de alijos de cocaína.
Habla además, de que administraron y utilizaron sumas millonarias de dinero, a través de múltiples operaciones que no resistieron el escrutinio de la investigación y de manera fácil pusieron en evidencia que provenían del narcotráfico.
Otro de los señalamientos que hace el Ministerio Público en contra de los imputados es que crearon una gran cantidad de compañías con el mismo objeto social y domicilio, según los documentos remitidos por Cámara de Gomera, permitiéndole aparentar ante la sociedad, que se trata de personas cuyos recursos son lícitos.
¨Compraron inmuebles a través de empresas, las cuales no cuentan con historial crediticio o movimientos en el sector financiero, lo que indica, que dichos inmuebles fueron adquiridos con la utilización de dinero en efectivo, provenientes del lavado de activos¨, dice la acusación formal.
Se mandaban remeses entre ellos
De acuerdo con el documento, los miembros de la supuesta estructura criminal se enviaban remesas entre ellos como una forma de circular dinero a través de operaciones pitufeadas.
Estas 12 características son las que el Ministerio Público atribuye a la alegada estructura criminal supuestamente integrada por Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilete, Joivel Alexander Cubilete, Ángelo Spataro Rodríguez, Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes.
También han sido señalados por el caso, Luis Jiménez (alias Bonsai), Miguel Ramón Santos Compres, Yira Mariela Zimmermann, Rusber José Suarez Díaz, además de varias empresas.
