RESUMEN
EL NUEVO DIARIO, BOGOTÁ. – Los investigadores de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes que estudian la indagación preliminar contra el presidente colombiano, Gustavo Petro, por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña, consideran que el caso debe archivarse por falta de pruebas, según un borrador de fallo al que tuvo acceso EFE.
El documento, elaborado por el triunvirato integrado por dos congresistas del Pacto Histórico y uno del Partido de la U, plantea cerrar la etapa de indagación porque la mayoría de los elementos recolectados son reportes de prensa que no pudieron ser corroborados. Si la Comisión aprueba el texto en los próximos días, el proceso no avanzaría hacia una investigación formal.
El borrador —de 250 páginas— también declara caducadas todas las denuncias interpuestas después de los 30 días posteriores a las elecciones de 2022 y ordena remitir el expediente a la Fiscalía y al Consejo Nacional Electoral (CNE) para los procesos que se siguen contra Ricardo Roa, gerente de la campaña y actual presidente de Ecopetrol.
La filtración coincide con informaciones divulgadas por medios locales que señalan que el CNE sancionó a Roa y otros integrantes de la campaña por exceder los topes de financiación en ambas vueltas por más de 3.500 millones de pesos y por recibir aportes prohibidos.
El triunvirato investigador sostiene que las pruebas demuestran lo contrario a lo denunciado: que Petro no gestionó recursos ni permitió ingresos de fuentes prohibidas y que impartió instrucciones expresas para evitarlo. Agrega que el mandatario no tuvo manejo directo de la contabilidad, responsabilidad que asumió exclusivamente Roa, y que existieron controles para evitar sobrepasar los límites de gasto.
Respecto a los aportes de Fecode, el documento afirma que esos recursos no ingresaron a la contabilidad de la campaña presidencial, pese a que el CNE considera que debieron ser reportados.
El caso, iniciado en marzo de 2023, incluyó inspecciones judiciales en el CNE y la Fiscalía, así como la declaración de cerca de 15 testigos. El proceso se vio interrumpido por recusaciones y un conflicto de competencias que la Corte Constitucional zanjó este año, al señalar que por fuero presidencial la investigación debía quedar en manos de la Comisión de Acusación.
La única denuncia presentada dentro del plazo legal fue la radicada en junio de 2022 por Socorro Oliveros, gerente de la campaña de Rodolfo Hernández. Su acusación se apoyaba en los llamados “Petrovideos”, audios y grabaciones difundidos por la Revista Semana sobre estrategias internas de la campaña. No obstante, los investigadores concluyen que no existe certeza sobre el origen ni la autenticidad de esas grabaciones, que habrían sido obtenidas de forma clandestina, lo que vulneraría la intimidad y ya generó precedentes de nulidad en instancias judiciales.
