En un país como la República Dominicana, donde la corrupción ha sido un cáncer endémico durante décadas, la llegada de Luis Abinader al poder en 2020 generó expectativas de cambio radical. Prometiendo una “guerra total” contra la impunidad, su administración ha presumido de avances significativos: recuperación de más de RD$6,500 millones en fondos malversados, el envío de 287 expedientes por abuso de poder al Ministerio de Administración Pública, y un nuevo Código Penal con penas más severas para delitos administrativos.
Incluso el Departamento de Estado de Estados Unidos ha aplaudido estos esfuerzos, destacando arrestos imparciales que contrastan con gobiernos anteriores. Pero, ¿es esto suficiente? A cinco años de su mandato, una serie de escándalos y alegatos de corrupción administrativa sugieren que la transparencia es más un eslogan que una realidad consolidada. En mi opinión, mientras Abinader ha dado pasos audaces, la persistencia de casos de mala gestión revela fallos estructurales que amenazan con erosionar su legado.
Tomemos, por ejemplo, el Caso Senasa, uno de los más recientes y alarmantes. En el Seguro Nacional de Salud, se han denunciado irregularidades en contratos para medicamentos y la operación de un “call center paralelo” que habría servido para autorizar procedimientos y servicios sin los debidos controles, generando pagos millonarios a empresas que no ofrecían servicios reales.
Se habla de un desfalco de más de 41 mil millones de pesos, una cifra que por sí sola explica la magnitud del escándalo. En las investigaciones han sido señaladas figuras como Santiago Hazim, Eduardo Read Estrella, Rafael Martínez Hazim y Francisco Minaya Pérez, entre otros, vinculados a maniobras administrativas destinadas a evadir los sistemas de supervisión interna y justificar contrataciones irregulares.
Aunque la Dirección General de Contrataciones Públicas anuló un contrato con Farmacard, reconociendo violaciones al marco legal, el fondo del caso sigue sin resoluciones definitivas ni responsables sometidos. Esto no es solo un error administrativo: es la evidencia de cómo una institución clave para la salud de millones puede convertirse en terreno fértil para la opacidad, mientras desde el poder se intenta minimizarlo como un hecho aislado. Pero, ¿cuántos “aislados” necesita el país para entender que el problema es estructural?
Otro punto negro es el Caso Hugo Beras en el Intrant, donde se adjudicaron contratos fraudulentos para semáforos en la “Operación Camaleón”. Beras, exdirector, enfrenta prisión preventiva por estafa y asociación de malhechores, un caso que el gobierno cita como prueba de su compromiso al perseguir incluso a sus propios aliados.
Sin embargo, la lentitud judicial, Beras aún transmite su programa de radio desde la cárcel, genera dudas sobre si estos procesos son genuinos o meros espectáculos para calmar a la opinión pública. Similarmente, en el programa Supérate, la clonación de tarjetas de subsidios desvió RD$100 millones, y bonos navideños terminaron en manos de figuras no elegibles. Gloria Reyes, administradora, evade sanciones penales, lo que refuerza la percepción de que la corrupción se castiga selectivamente.
La lista se extiende: el caos en la Dirección General de Pasaportes con demoras y sobrecostos; favoritismo en el Ministerio de la Juventud bajo Luz del Alba Jiménez, quien fue destituida pero reubicada en un consulado antes de ser revocada por presión pública; irregularidades en el Instituto Postal Dominicano con Adán Peguero; el programa “Pinta tu Barrio” de Neney Cabrera con empresas fantasma; el fraude en la Lotería Nacional de Luis Maisichell Dicent; y pagos irregulares en el Gabinete de Política Social de Tony Peña Guaba.
Algunos informes opositores elevan la cifra a 52 irregularidades o incluso 303 casos acumulados, incluyendo el “Caso de la Jeringa” en compras pandémicas y fraudes en el INABIE, los alquileres en la OGTIC (Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicaciones) que suman cientos de millones de pesos para montar oficinas, siendo los locales, según expertos, con costos menores a los que dicha oficina rentó.
En el área de la educación también se han levantado denuncias que salpican la gestión del ministro Ángel Hernández. Sectores magisteriales y organizaciones sociales han cuestionado la adjudicación de contratos y la falta de transparencia en licitaciones para libros de texto, así como la ejecución de programas educativos con presupuestos millonarios sin rendición clara de cuentas. Estos señalamientos alimentan la percepción de que la corrupción no distingue sectores, alcanzando incluso a la cartera responsable de garantizar el futuro de los jóvenes dominicanos.
A todo esto se suman los cuestionamientos en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), donde persisten denuncias sobre el uso irregular de recursos en la compra y mantenimiento de la flotilla, además de contratos poco claros con suplidores que se repiten gobierno tras gobierno. Y en la OPRET, encargada del Metro de Santo Domingo, las críticas han sido frontales por los vicios de construcción y sobrecostos detectados en la Línea 2C, lo que pone bajo sospecha la transparencia en la planificación y ejecución de una de las obras más costosas de la actual administración.
El panorama no invita a ninguna esperanza, ya no se trata de opiniones, sino de hechos: Tras cinco años, la corrupción se ha convertido en la sombra que cubre cada decisión, cada escándalo confirma que al Gobierno no le interesa limpiar nada; lo único es proteger a los suyos. Luis Abinader tuvo la oportunidad de marcar un antes y un después, pero eligió la comodidad del silencio y la impunidad.. Los casos se multiplican, las excusas se reciclan y las soluciones nunca llegan.
La “guerra contra la impunidad” quedó reducida a un eslogan vacío, mientras la desconfianza crece y las instituciones se desgastan. Lo más grave es la falta de voluntad política para someter a sus propios funcionarios: ese silencio cómplice ha sido la señal más clara de que aquí no habrá cambios reales. Y ante un gobierno que promete transparencia pero gobierna con las mismas mañas que juró erradicar, el país se queda sin alternativa.
República Dominicana no puede seguir atrapada en este ciclo: para empezar a sanar, tiene que salir de este mal gobierno.